19 de noviembre del 2017
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Es mi tercer año de funcionario. Ahora nos llaman “empleados públicos”, pero creo que muy pocos de quienes reciben tal nombre tienen una ligera idea de qué sea servir el interés público. No resulta extraño, en España la Administración está totalmente parasitada por los partidos políticos tradicionales, quienes compran voluntades y conceden regalías a los vástagos de la oligarquía, a sus amigos y a quienes desde la cobardía, prefieren el vasallaje antes que la honestidad, el trabajo y la lucha por una administración eficiente de los recursos públicos. Un mal cronificado incrustado en el mismo corazón del sistema y que sirve, entre otras cosas, para que determinados personajes se sirvan del entramado público para perseguir fines privados inconfesables, generalmente muy mundanos.

En este contexto, la figura del empleado público honesto y responsable tiende a convertirse en un oxímoron, máxime cuando, como apunta Alejandro Nieto en sus diversos libros de crítica de la Administración española, ésta premia antes la lealtad al partido político de turno que la valía profesional, potenciando la existencia de pequeñas camarillas dedicadas al “politiqueo” de baja estofa.

Ciertamente, cuando uno ve este caos ordenado, esta estafa a la ciudadanía, lo primero que piensa es que la obligación de lucha constituye una exigencia moral, un deber ético.  Cree, desde la ingenuidad, que puede contribuir con su granito de arena a una mejora del sector público. Pero la idea resulta profundamente errónea porque su lucha, caso de existir, encontrará, desde el inicio, la resistencia de un numeroso grupo de compañeros que no ignoran la importancia de estar a buenas con el fuerte a efectos de conseguir sus objetivos. Eso sí, la resistencia suele ser tácita, incluso muchos de ellos no dudarán en afirmar, sin vacilación, que la razón asiste al empleado público “rebelde”, que resulta “vergonzoso” ese último nombramiento, ese concurso público que cae en la “desviación de poder más clamorosa”, esa redistribución de efectivos que acumula funcionarios en una ciudad mientras vacía otra con mayor carga de trabajo. Una indecencia en toda regla, te dirán, mientras jalean al “elegido” procurando obtener de él algún favor o prebenda. “Ni una mala palabra, ni una buena acción” es el lema que todo empleado público vasallo ha grabado en su mente.

Asimismo, para lavar su conciencia, el funcionario vasallo alude al “sistema”, al “mal sistémico”, de modo que elude cualquier responsabilidad. Una especie de “oye, el sistema es corrupto vale, pero la culpa no es de los que lo corrompen”, como si existiera una deidad superior o una persona concreta, el Rajoy, Zapatero o Aznar de turno, capaz de personificar todos los males y todos los defectos de la Administración, convertido en un “deus ex machina” administrativo. Otra de las defensas que suelen oírse, más propia esta del “funcionario conformado”, afirma “oye, al final todos haríamos lo mismo, no nos engañemos”, afirmación más preocupante por cuanto asume la corrupción como un estado innato e inherente al ser humano.

Llegado este punto al empleado público solo le queda asumir sus ventajas: la “plaza en propiedad” ganada con mucho esfuerzo, el sueldo regular, el horario cómodo, las largas vacaciones… Asumir las ventajas y construir su “Jardín de Epicuro”, lugar de reflexión, lectura y pensamiento. Lugar en el que conseguirá aislarse de la banalidad de las luchas de quienes, alejados de toda forma de cultura, dedican su tiempo al “postureo administrativo” y al paseo por las viejas alfombras de los ministerios.

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Escritor y letrado de la Seguridad Social. Leo, reflexiono. Me disgusta el clasismo, muestra de superficialidad e ignorancia. Mi referente es la honestidad, mi fin el comportamiento ético. La Administración española es estructuralmente corrupta. Replicar es más necesario que nunca.

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