13 de diciembre del 2017
La Réplica La Réplica La Réplica La Réplica La Réplica



Imaginemos que un día todos los periódicos abren su edición informando a cuatro columnas sobre el control de los poderes ejecutivo y legislativo, así como el encarcelamiento de los miembros del gobierno legítimamente elegido, sin juicio previo y tan solo una vista oral para la que fueron citados con menos de 24 horas mediando un día festivo, lo cual obstruye –cuando no imposibilita– su derecho a la defensa.

Afirmaríamos sin dudarlo que esta situación es propia de una “república bananera”.  Escandalizados y, en mayor o menor medida, acto seguido nos mirarnos el ombligo afirmando: “aquí estas cosas no pasan”. Por supuesto que España no es ninguna “república bananera”. Está clarísimo y ello es básicamente por dos motivos: primero, porque aquí tenemos una Monarquía; segundo, porque en lugar de bananas nosotros cultivamos plátanos de Canarias. ¡Vaya usted a comparar!

Por supuesto que el sabor, la textura y otras cualidades organolépticas entre una y otra frutas no admiten comparación posible. Lo que si admite comparación entre nuestro país y alguno que otro dedicado a aquel cultivo en la África profunda es la separación de poderes y la independencia judicial. Así, en el artículo publicado recientemente en La Réplica, señalábamos -según datos ofrecidos por el “Foro Económico Mundial”- cómo en este aspecto estamos al mismo nivel que Botsuana, y por debajo de Ruanda o Kenia. El propio “Consejo de Europa”, en un informe de junio del presente año, criticaba la falta de independencia judicial de España. Según el mencionado organismo, solo es posible hablar de la misma cuando las autoridades políticas no intervienen en ninguna de la etapas del proceso de elección de los magistrados. En nuestro país, los miembros del “Consejo General del Poder Judicial” son seleccionados por el Parlamento -Congreso y Senado-. Es este “órgano de gobierno de los jueces” el encargado de nombrar a los Magistrados que componen el Tribunal Supremo. Sobran los comentarios.

En CuartoPoder ya hablaban en 2014 que la única forma de concienciar sobre la separación de poderes en España, era hacer un símil futbolístico.

Desde que en 1748, Montesquieu publicara su obra Del Espíritu de las Leyesla separación de poderes – ejecutivo, legislativo y judicial- se ha considerado principio y base de todo gobierno democrático digno de llamarse como tal, donde cada poder contrarresta y equilibra a los otros, impidiendo excesos y otorgando así garantías a ciudadanos y ciudadanas. El súbito encarcelamiento de los miembros del Govern no es un hecho aislado y forma parte de una estrategia de acoso y derribo a todo movimiento contrario a los intereses del partido en el Gobierno y su opción ideológica. Citemos algunos ejemplos: las leyes de Las Cortes Valencianas contra la pobreza energética y de la función social de la vivienda, entre otras, denunciadas ante el Constitucional por el Ejecutivo. La retirada de calles con nomeclatura franquista en Alicante, denunciada por el Partido Popular y suspendida por la Justicia. Las cuentas del Ayuntamiento de Madrid intervenidas, supuestamente por no cumplir la “regla de gasto”, señalada en la Ley Orgánica de Estabilidad Pública y Suficiencia Financiera, pese a haber reducido la deuda en 2.000 millones desde la llegada de Carmena al Consistorio, y logrado un superávit que ronda los 1.000 millones de Euros. Sanear las cuentas y dedicar dicho superávit al aumento del gasto social pone en tela de juicio la política de austeridad del gabinete conservador. Algo que no están dispuestos a admitir.

 

Unos 800 Ayuntamientos incumplen la citada regla, pero solo uno es castigado. Sin embargo, lo que ya roza lo esperpéntico y nos vuelve al llevar a la situación de “república bananera” de la que hablábamos al comienzo, es que el ejecutor de dicha intervención sea nada más y nada menos que José Enrique Fernández de Moya, el actual Secretario de Estado de Hacienda y exalcalde de Jaén, ciudad que dejó tras su mandato en situación de “quiebra técnica”. Este brillante currículum lo adornan sus declaraciones de septiembre del 2013 donde admitió que cobró sobresueldos del PP entre 1999 y 2007. Todo un ejemplo de honestidad y buena gestión para la labor encomendada.

Decía Montesquieu hace más de 250 años, que si un régimen no gobierna basándose en el principio de separación de poderes es, generalmente, un gobierno corrupto. Hace pocas fechas escuchábamos al principar investigador de la trama Gürtel en la  Comisión de financiación del PP del Parlamento, relacionada con la Caja B del citado partido y de la que “indiciariamente” recibieron pagos sus principales dirigentes, calificar a la misma de corrupción en estado puro.

Saquen, lectores y lectoras, sus propias conclusiones.

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Antonio Ureña

Antonio Ureña García es Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación; Licenciado en Historia y Profesor de Música. Como escritor, ha publicado ensayos y relatos en diferentes revistas y medios electrónicos. Es coordinador del Proyecto Internacional Leer es un Derecho y editor de la revista Tiempo de Poesía. En sus escritos persigue hacer una reflexión critica sobre la cultura y sociedad actuales a modo de herramienta que colabore a hacer frente a la impostura y el letargo en los que pretenden sumirnos.

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