Con el Real Decreto de noviembre de 2015 y el excelso ministro Soria a la cabeza, en este país se introdujo el conocido como “impuesto al Sol”, mediante el cual los usuarios particulares debían comenzar a abonar entre 9 y 32 euros anuales (dependiendo de la potencia contratada) más IVA por kW de potencia en cada panel, e introduciendo en la industria, además, otra tasa variable. Las únicas instalaciones que se libraron fueron aquellas residenciales de menos de 10 kW de potencia contratada y, obviamente, las instalaciones aisladas de la red. Era la primera vez que se instauraba una tasa de este tipo que no existe –recalco- en ningún otro país sobre la faz de la Tierra.