18 de diciembre del 2017
La Réplica La Réplica La Réplica La Réplica La Réplica



Vivimos en una democracia parlamentaria decadente, donde las Cortes Generales que el ciudadano elige sin saber muy bien qué elige (al respecto, es clarificador el hecho de que la gente vote a los partidos del mainstream), podrían mañana aprobar una norma en virtud de la cual los ciudadanos que crucen un semáforo en rojo serán castigados con la pena capital. Es cierto que, en un primer momento, arreciarían las protestas, las manifestaciones multitudinarias, la queja de muchos políticos, las peticiones de dimisión vía la lucrativa página de Change.org. Los medios de comunicación progresistas advertirían del exceso, los conservadores postularían la necesidad de diálogo, pues no puede permitirse que los ciudadanos sigan cruzando los semáforos en rojo, es hora de tomar las riendas y apoyar leyes duras. En el cénit de la protesta, las élites financieras advertirían a los políticos del peligro de una revolución, de la necesidad de acabar con los insurgentes. Quizá propondrían la rebaja de la pena, pongamos prisión de 20 años, y pena capital sólo en caso de reincidencia.

La enmienda financiera sería aprobada en el Parlamento, los “antisistema” perroflautas seguirían manifestándose, pero el grueso ciudadano optaría por aceptar la transacción. Arreciarían las críticas contra la destrucción del mobiliario urbano, un cámara de ABC o “La Razón” grabaría a un vándalo golpeando a un policía en el mismo escenario en que decenas de policías cascan a decenas de personas. “No hay derecho”, “No respetan la democracia”, “Desde que han tomado la plaza no vendo nada”, se quejaría el dueño de una tienda de ropa ante el gesto comprensivo del periodista.

La primera víctima de la ley sería un inmigrante, del que los medios conservadores tratarían de encontrar su lado oscuro. “Richard era un porrero”, “fue condenado en Bogotá por tráfico de estupefacientes”. “Lo tenía merecido, no se puede ir por la vida cruzando semáforos en rojo”, manifestaría un jubilado con boina ante la cámara. Con el tiempo, los ciudadanos pensarían que la ley es positiva. “Se dirá lo que se quiera pero ahora nadie cruza en rojo”, diría la portera de una finca. “La ley es la ley, la ley está para cumplirla”, nos recordaría Soraya desde su puesto de consejera de Monsanto. “El 62% de la población valora positivamente la norma”, informaría el CIS un año después de su entrada en vigor. “Estar contra la ley es una forma de leninismo 4.0”, informaría el pequeño Kissinger (Felipe González). “Lo primero que haremos si ganamos las elecciones es derogar la norma”, anunciaría el insípido candidato del PSOE. “Es infame y criminal que alguien pueda ser condenado a 20 años por cruzar un semáforo en rojo”, gritaría David Fernández haciendo una mueca. “Los antisistema no respetan la ley”, responderían desde los medios conservadores.

Y llegarían las elecciones, y en ellas ganaría el partido que propuso la ley, quedaría segundo el que se abstuvo y cuarto el que creyó que era una buena ley. Sería la victoria de la servidumbre, de la ignorancia, de la estulticia, la democrática victoria de unos ciudadanos serviles y egoístas, codiciosos e inmorales. ¿Les suena la historia?

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Escritor y letrado de la Seguridad Social. Leo, reflexiono. Me disgusta el clasismo, muestra de superficialidad e ignorancia. Mi referente es la honestidad, mi fin el comportamiento ético. La Administración española es estructuralmente corrupta. Replicar es más necesario que nunca.
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