11 de diciembre del 2018
La Réplica La Réplica La Réplica La Réplica La Réplica



Si un estudiante de filosofía le preguntara a cada uno de sus profesores qué decisión debe tomar con respecto a un problema que atormenta su vida y que amenaza con perturbar, pongamos por caso, su estabilidad psíquica, no se extrañaría de que cada docente le propusiera una solución o aborde distinto.

Si ese mismo estudiante se acercara a una Sala de Justicia y pidiera a diversos jueces que le dieran respuesta sobre una cuestión legal que le atormenta y perjudica sus intereses económicos, provocándole una amarga disputa con un vecino, caería en un evidente estado de agitación al observar que su caso puede decidirse, según el juez, en sentidos distintos y contradictorios.

La agitación sería consecuencia de una falaz divulgación sobre qué es el derecho, qué significa justicia y qué debe esperarse de la ética. La necesidad de crear una sensación de certidumbre, unida a la certeza de que la sociedad no se rige por parámetros que exalten la virtud sino por la carencia de la misma, obliga a explicar el derecho como aquello que nunca ha sido ni se espera que sea: el derecho como conjunto de normas objetivas que persiguen la justicia y el bien común, como consenso social, como valores compartidos, como lo justo… Es decir, el derecho como aquello que reparará la injusticia que he sufrido. Quizá no en un primer momento, pero sí posteriormente, cuando el asunto llegue a las manos de un juez y este, revestido de virtud o, cuanto menos, de cierta virtud, dé la respuesta justa, la respuesta ética.

Sin perjuicio de que la ciudadanía, desde hace ya algunos años, ha abandonado su ingenuidad en pos de posturas críticas que aclaren las disonancias que se perciben, todavía el ciudadano no acaba de entender por qué un asunto controvertido sometido a la decisión del juez A alcanza un resultado distinto al que obtendría ante el juez B. Y es que la racionalidad liberal burguesa instituyó como principio de alcance constitucional el de Igualdad ante la Ley, una igualdad que supone que todo ciudadano, ante una problemática legal, obtendrá un trato semejante; una igualdad que se explica en términos de uniformidad en la aplicación del derecho.

Este principio fundamental, cuyo logro no debemos discutir, esconde la desigualdad como factor ideológico de ordenación de la vida social y, lo que es mas llamativo, esconde que su formulación es tributaria de una época en que toda disciplina de conocimiento aspiraba a encontrar su esencia en la ciencia, en el método científico. De modo que superado este estadio y advertida la imposibilidad de reducir muchas disciplinas a enunciados demostrables en términos de verdad o falsedad, el principio de Igualdad ante la Ley se presenta caduco y falto de sentido. En efecto, como el derecho no es más que un producto cultural, integrado, fundamentalmente, en normas con contenidos abiertos a la interpretación del aplicador, cabe decir, sin que en ello temamos caer en el error, que el principio enunciado ha devenido en Aleatoriedad ante la Ley, de modo que los ciudadanos, en cierta medida, ven sometidos sus asuntos legales a la suerte, a la ruleta del reparto de los asuntos entre los diversos juzgados, sin que quepa confundir “aleatoriedad” con “arbitrariedad”.

Pero volvamos a la cuestión inicial, ¿por qué los jueces emiten fallos diferentes ante hechos semejantes? Debo decir que en el ámbito doméstico se ha escrito muy poco sobe este asunto y, asimismo, debe advertirse que los primeros interesados en que no se escriba demasiado sobre esto son los propios jueces, que viven más cómodos y tranquilos en el reino de la seguridad jurídica y de la certidumbre que en el del progreso y evolución de las instituciones jurídicas. Asimismo, el derecho de la Igualdad ante la Ley ha logrado un nivel de sometimiento de la ciudadanía al que resulta difícil renunciar.

En efecto, uno de los aspectos que llama la atención en los escasos estudios llevados a cabo para conocer el proceso de toma de decisiones de los jueces, es la escasa participación de la judicatura en los mismos. Así, en la investigación de Sobral y Prieto Psicología y Ley (Sobral J.Prieto A. 1994), de los 130 jueces gallegos del ámbito penal, solo el 24,6 % aceptaron participar. En la misma línea, aunque con una mayor predisposición, quizá por la sencillez de la participación, se sitúa el estudio Opiniones y actitudes de los Jueces de Instrucción de la ciudad de Barcelona (Monclús Masó & Bergalli, 2002), con un 48,5% por ciento de participación.

Centrándonos en el primero de los estudios citados, “la disparidad alcanza niveles que pueden producir un cierto grado de perplejidad y escándalo” (Sobral, 1994,71). Y es que en la simulación en la que participaron 32 jueces resolviendo 5 casos, las discrepancias fueron, ciertamente, preocupantes. Veamos:

-CASO 1: “Pelea en un bar con resultado de pérdida de la visión en un ojo”. Penas entre 7 meses y 6 años, según el juez.

-CASO 2: “Heroinómano que atraca a una pareja de ancianos”. Penas de 1 a 9 años.

-CASO 3: “Mujer ludópata que comete un atraco”. De 5 meses a 6 años.

-CASO 4: “Robo continuado por parte de una cajera de unos grandes almacenes”. Penas de 1 mes a 6 años. Este el caso en el que la disparidad fue más grave.

-CASO 5: “Abusos sexuales bajo amenaza”. De 5 meses a 6 años.

Ante esta disparidad, el principio de Aleatoriedad ante la Ley produce un indeseado efecto moral sobre la conducta de los delincuentes, al impedir que estos realicen un ponderado examen de su delito. Así, un conocido penalista barcelonés comentaba que “los presos de la Modelo me preguntan cada vez menos: ¿por esto que he hecho, cuánto me puede caer?; y me preguntan cada vez más: ¿qué juez me ha tocado? (Sobral 72, 1994). Asimismo, la permisión de juicios tan radicalmente opuestos pone en duda el proceso formativo de los jueces, al concluirse del estudio que las cuestiones extrajurídicas pesan más en la decisión que las estrictamente normativas, de modo que la norma acaba deviniendo como accesoria en su aplicación mientras que los valores subjetivos de cada juez se erigen en el centro sobre el cual pivotan las sentencias. En el siguiente artículo trataremos esta cuestión.

Bibliografía

-Monclús Masó, M., & Bergalli, R. (2002). Opiniones y actitudes de los/las jueces de instrucción de la ciudad de Barcelona sobre el internamiento de extranjeros.

-Sobral Fernández, J. (1994). Psicología y Ley. Madrid: Eudema.

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David Condis Almonacid. Escritor y letrado de la Seguridad Social. España no puede caer en una espiral autodestructiva. Replicar forma parte del proceso dialéctico que debe conducirnos a soluciones equitativas.

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    2 Réplicas

  1. Abel Sainz

    Hola, David:

    En mi opinión, ningún legislador puede hacer explícitas todas las condiciones necesarias y suficientes para tomar una decisión justa. Siempre hay diferencias relevantes en cada caso particular a juzgar y todas las disposiciones legales llevarían a un regresus ad infinitum, que a su vez llevarían a nuevos condicionantes que aumentarían con el tiempo.

    En la ‘Crítica del juicio’ Kant establece que debe haber una capacidad de juzgar que vaya más allá de las reglas, que se desarrolla con la experiencia, en este caso el juez. Los 5 casos expuesto son iguales en apariencia pero estarían sometidos precisamente a todos esos condicionantes que señala Kant.

    El juez debería manejar una phronesis, una prudencia, en cada caso. En estos condicionantes es muy difícil evaluar que la sentencia suponga un bien social. En el CASO 4, donde hay mayor disparidad, una cajera que sea madre soltera y sea encarcelada supone un impacto social mucho mayor que otra que no tiene ningún tipo de compromiso familiar. De hecho, a pesar de su testimonio, cabe pensar que la intención de la que tiene una carga familiar es más honesta que la otra. El impacto social es otro condicionantes y, como señalaba Kant, se da una regresión infinita.

    En cualquier caso, enhorabuena por la reflexión y te animo a que sigas esta línea de investigación.

    Saludos

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