15 de diciembre del 2018
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En un país normal, cualquier empleado público que desobedeciera las órdenes de un superior jerárquico estaría sujeto al correspondiente expediente disciplinario. En España no es así. Existen en este país dos tipos de funcionarios: los hijos de la oligarquía y el resto. Los primeros se creen dueños de la Administración y, por extensión, del país. Son nombrados por derecho divino, un derecho divino matizado por las exigencias formales que impone nuestro presunto Estado de Derecho. Así lo impuso el Franquismo, Dios mediante y con la “democrática” bendición de la Iglesia Católica. Ya decía Clemente de Diego, Presidente del Tribunal Supremo, en su discurso de 15 de septiembre de 1939 que:

“Nosotros constituimos la milicia togada en tensión permanente”, “estamos dispuestos a verter la última gota de sangre y actividad para su engrandecimiento y expansión espirituales”.

Así, la convocatoria de oposiciones a judicatura de principios de los años 40 establecía la siguiente reserva de plazas:

-Caballeros mutilados, 26 plazas.
-Oficiales provisionales o de complemento que hayan alcanzado la Medalla de la Campaña, 26 plazas.
-Excombatientes, 26 plazas.
-Ex-cautivos por la Causa Nacional que hayan luchado con las armas o que hayan sufrido prisión en las cárceles o campos rojos durante más de 3 meses, simpere que acrediten su probada adhesión al Movimiento desde su iniciación y su lealtad al mismo durante su cautiverio, 13 plazas.
-Huérfanos dependientes de víctimas nacionales de guerra o asesinados por los rojos, 13 plazas.
-Turno libre, 26 plazas.

En esta línea de cooptación, no resulta extraño que los cuerpos jurídicos tradicionales mantengan todavía hoy una ristra de apellidos con una relación directa con el franquismo. En esta línea, no resulta sorprendente que, como cuenta “El País”, la Abogada General del Estado haya tenido que cesar a un subordinado que se negó a cumplir sus instrucciones y, como seguro que no contará “El País”, el funcionario desobediente no será expedientado por desobedecer las órdenes de un superior.

Los representantes de la oligarquía no están sujetos a la ley, porque ellos son la ley.

En este clima de antidemocraticidad extrema, lo más inteligente sería fundar otro Estado en el que nos pudiéramos organizar los demócratas de este país y, a falta de fuerza suficiente para tamaña empresa, esperar que Bruselas nos evite el bochorno de ver a la milicia togada montando un golpe de estado con el fin de instaurar “la Parroquia, la Escuela y el Apostolado Social” (De Diego dixit).

 

La fotografía es de EFE
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David Condis Almonacid. Escritor y letrado de la Seguridad Social. España no puede caer en una espiral autodestructiva. Replicar forma parte del proceso dialéctico que debe conducirnos a soluciones equitativas.

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