18 de octubre del 2017
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Nos encontrábamos en la primera semana de febrero de este año cuando os medios de comunicación destacaron que a la infanta Cristina no se le iba a aplicar finalmente la Doctrina Botín. Hubo de sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia provincial de Palma de Mallorca y declarar sobre su presunta cooperación en los fraudulentos negocios de su marido, Iñaki Urdangarín. La infanta, cuya defensa corre a cargo de los prestigiosos abogados Miquel Roca y Jesús María Silva, lamentó que se hubiera vulnerado su derecho a la defensa y “a un juicio con todas las garantías”. Un juicio idéntico al del resto de los 18 imputados por el caso Noos, ni más ni menos. Un juicio plebeyo.

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En noviembre de 2013, Canal + Francia emitió un documental titulado Juan Carlos: el crepúsculo de un rey. La proyección, que no fue estrenada en España incluye los testimonios de Albert Solà Jiménez e Ingrid Sartiau, supuestos hijos ilegítimos de Juan Carlos I.  También podemos observar como la Casa Real, apelando al artículo 56.3 de la Constitución (La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad), les impidió realizar unas pruebas de paternidad para aclarar el asunto.  De tal manera que un artículo constitucional acabó desarticulando a otro, al número 14 en concreto, que reza que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Ejemplos como los anteriores ponen de manifiesto las contradicciones de la vigente Constitución de 1978, y sobre todo, la incompatibilidad de la institución monárquica con ciertos principios democráticos universales. No parece demasiado osado afirmar que, al menos en el plano teórico, la República como sistema entraña una base democrática más sólida que la que respalda a la Monarquía Constitucional, solo porque aquella hace recaer la elección del Jefe del Estado directamente en la ciudadanía, y en última instancia, permite que ésta pueda revocarle.

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Viñeta: Vergara para eldiario.es

No obstante, en España, orden y República parecen antónimos. Desde el final de la Guerra Civil, se ha instalado en el subconsciente colectivo el dogma de que el republicanismo español ha de ser por definición subversivo y antisistema. Una lacra heredada del Franquismo, cuya mentalidad no termina de evaporarse, tampoco en aquellos que lo padecieron.

El mejor argumento para los republicanos españoles es precisamente la defensa de la Ley y de la Justicia, así como la condena de sus contradicciones.  Por ejemplo, que la Constitución blinde jurídicamente a un ciudadano desde el nacimiento hasta su muerte, o que miembros de su familia dispongan de mayores facilidades a la hora de enfrentarse a un tribunal. Alcanzar la igualdad siempre será una utopía, pero cortarla de raíz nunca fue elegante, sobre todo de cara al exterior.

Según un sondeo de Metroscopia, los jóvenes entre 18 y 35 años son mayoritariamente republicanos (en un 45%, frente al 41% que defiende la Monarquía).  Esos mismos jóvenes integrarán próximamente el cuerpo productivo de este país. Con sus impuestos se pagarán las pensiones, se mantendrá la Sanidad, nuestro sistema educativo y el resto de servicios que conforman el Estado de Bienestar. Si queremos lograr la cohesión social,  resultará imprescindible diseñar  un modelo de estado con el que la mayoría de sus contribuyentes se sientan identificados. Y qué mejor manera de lograrlo que  resucitar aquel republicanismo decimonónico de Orden que apelaba a los valores constitucionales y democráticos propios del Estado de Derecho, que con tanto fervor pero no menos raciocinio defendieron, entre otros, ilustres como Emilio Castelar o Josep Pi i Margall.

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Para plantear este debate resultará imprescindible llevar a cabo la susodicha reforma constitucional, tal y como proponen la mayoría de los partidos parlamentarios.  En ella, deberán abordarse aspectos tales como la  jefatura del Estado, la sucesión de ésta y, dado el sentir mayoritario de la población joven española, la posible sustitución de la actual monarquía parlamentaria por un régimen republicano. Siempre desde el consenso y el diálogo, sin dramas, vencedores ni vencidos.

La Transición y la Constitución de 1978, a pesar de sus diversas áreas sombrías, fueron un éxito. Permitieron convertir una trasnochada dictadura en una democracia europea occidental. Completar esa evolución es la misión histórica a realizar por las generaciones venideras. Las cuales tienen derecho a decidir en qué tipo de país desean vivir, tal y como hicieron sus padres no hace tanto tiempo. Es hora de preguntarles su opinión.

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Miguel Barea

Historiador y periodista. Natural de Linares (Jaén). Miembro fundador de JEF Navarra. Editor y redactor de Reválidos y El Nuevo Federalista, puedes leerme también en mi blog personal, http://mgbarea.com .

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