30 de marzo del 2017
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Pilar Sánchez también. La exalcaldesa jerezana ha sido condenada a cuatro años y medio de cárcel por tres delitos diferentes: Falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos, todos ellos dentro del caso PTA. La condena se suma a la ya impuesta de dos años por utilizar los fondos del plan E para pagar las nóminas de los trabajadores municipales. La exalcaldesa, que fuera llamada a declarar hace unas semanas por la Operación Edu, ve ya casi imposible eludir el ingreso en prisión, aunque aún tenga la posibilidad de recurrir la sentencia. No es casualidad la implicación, directa o indirecta, en tres casos diferentes del uso del dinero público. Constituye un modus operandis en cuanto al tratamiento del erario público que en Jerez conocemos muy bien.

A Pedro Pacheco, que ocupó 24 años el sillón de la alcaldía, se le condenó hace algunos meses a cinco años y medio de prisión por los delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos oficiales.

Hace tan sólo una semana el teniente alcalde de la ciudad y sorprendentemente número dos en la lista de Cádiz del Partido Popular para ser delegado provincial, Antonio Saldaña, fue imputado por un juez en un caso, el de “Amarillos Urbanos”, en el que se le acusa de apropiación, prevaricación, administración desleal y estafa. Que es algo parecido al motivo por el que el Juez Ruz está investigando a la alcaldesa de la ciudad, María José García Pelayo.

Fuese PSOE, PSA o sea ahora Partido Popular, el hecho es que los casos de corrupción siempre tienen el mismo perfil: El uso del dinero público para intereses particulares o partidistas, al margen de la ley. Esto nos obliga a reflexionar en varias direcciones.

La primera es que son necesarios órganos de control para detectar y sancionar de forma ágil las irregularidades, y así no tengamos que pagar por delitos ya prescritos. Es fundamental iniciar una reforma de los procedimientos administrativos, con actores implicados y neutrales que garanticen la transparencia. Para ello, los profesionales de la justicia deben ser quienes analicen y detecten cómo reforzar los mecanismos de control.

Segundo, es innegociable una mayor implicación de la ciudadanía a la hora de hacer política, de manera que las decisiones no se tomen de forma opaca en los despachos, a espaldas del ciudadano. Es obvio que estas prácticas son fruto del acomodamiento y la elitización de la clase política, que una vez se hace con el poder, acota la toma de decisiones a sus propios intereses. Hagamos autocrítica, también pesa la sensación de que el ciudadano se alejó demasiado de la toma de decisiones. La ciudad es suya, luego debe decidir qué sucede con ella. La creación de espacios abiertos, de participación y gestión colectiva,  impedirán la política a despacho cerrado y esa tendencia a usar lo público en beneficio privado.

Y tercero, es necesaria la regeneración política de la ciudad, en manos de las mismas personas durante demasiado tiempo. Los nuevos actores deben llevar implícitos nuevos valores y nuevas  maneras de gobernar, deben repudiar las prácticas que han hecho del Ayuntamiento de Jerez uno de los más endeudados y peor considerados de España. Se requieren rostros inéditos que surjan de los movimientos sociales, de las asociaciones, de los barrios, del sentir de la calle, especialistas en materia social, política y económica, individuos que no entiendan la política como un espacio de enriquecimiento.

La condena de Pilar Sánchez es una condena personal, pero también condena una manera de hacer política y a la historia reciente de Jerez, una ciudad que si quiere tener futuro para su gente, debe mirar en las entrañas de sus instituciones, sacar la basura y comenzar una nueva era.

 

 

* La fotografía es del archivo de El Mundo.

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