27 de marzo del 2017
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En el mundo del derecho toda innovación está destinada al fracaso. El derecho, guardián último de la vigencia del sistema, parece concebirse a sí mismo como una especie de teología donde solo pueden actuar los intérpretes de la norma, los intérpretes ortodoxos de la norma, entiéndase, pues los heterodoxos, culpables de herejía jurídica, deben permanecer expulsados del campo jurídico. Y así como en Roma, en las postrimerías del Imperio occidental, solo eran citables Gayo, Paulo, Papiniano, Modestino y Ulpiano, en la España de hoy solo se reputan autoridad legítima los grandes despachos y los sindicatos más representativos. En sus disputas, particularmente en el orden social, el juez, tras escuchar los argumentos de autoridad correspondientes, dictará la independiente e imparcial sentencia, tan independiente e imparcial como en no pocas ocasiones el color de su toga, unas veces azul, otras roja.

Esta evidencia, la que apunta a que muchas de las sentencias que se dictan en materia laboral están mediatizadas por las convicciones políticas de los magistrados, revela una clara falla del sistema de justicia en este país. Clara falla que, digámoslo claro, constituye un tema tabú que no puede ni debe ser estudiado, so pena de ofender a muchos juristas preocupados más de la apariencia del derecho que del derecho mismo.

Mientras que para el ciudadano de a pie los conceptos “derecho” y “justicia” revelan una sinonimia inequívoca, para el jurista, sobre todo para el jurista “formal” que vive encerrado en la apariencia, los términos resultan autónomos, de modo que una cosa es el “derecho”, del que se ocupan, y otra la “justicia”, de la que ni se ocupan ni se preocupan. Máxime cuando de la “justicia” no vive nadie o casi nadie, mientras que del “derecho” viven todos o casi todos.

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Esta realidad, en sí misma, no sería especialmente criticable si se comunicara abiertamente pues convengamos que el concepto de “justicia” tiene un matiz inaprehensible que nadie puede obviar. Si los juristas, en general, asumieran no estar defendiendo lo justo sino aquello que el legislador cree justo, y que no es otra cosa que el cómo, cuándo y dónde del crédito a satisfacer a la gran banca internacional, porque en eso y no en otra cosa consiste el derecho occidental al amparo del mantenimiento de un sistema de clases obsoleto y con claros tintes de ruindad; si, repito, se expresara con claridad cuáles son los fines del “derecho”, nos ahorraríamos no pocas disputas banales y no pocos debates revestidos de argumentación política.

De la misma manera que en el ámbito religioso es cada vez más notorio para la ciudadanía que a toda santidad pueden precederle no pocos pecados y que muchos de los que hablan de los evangelios son auténticos artistas de la evasión moral; así, repito, convendría asumir que todo actor jurídico no es sino un paladín de la “injusticia” o un plutócrata dispuesto a sangrarle el último euro a su cliente. Convendría asumirlo porque solo desde esa asunción podrían introducirse variaciones.

Sucede, sin embargo, que muchos actores jurídicos, tanto en el ámbito académico como en el judicial, entre otros, visten una soberbia elefantina que, quizá, les resulte necesaria para disimular la carencia de contenidos o la ausencia de fines confesables pero que, desde luego, contribuye a fosilizar el derecho, un derecho que externamente se vende como “El arte de lo bueno y de lo justo” e internamente como “instrumento de dominación o pago de capital al prestamista”. Esta esquizofrenia conceptual imposibilita definitivamente toda innovación por cuanto las disciplinas solo pueden avanzar  desde un cierto estadio de coherencia y, desde luego, desde una cierta aversión al dogmatismo.

Después de todo, qué triste sería reconocer que eso que algunos llaman “Ciencia del Derecho” no es más que un artificio destinado a engañar a la sociedad. Sobre todo para aquellos que pontifican desde las aulas universitarias en busca de nuevos siervos, porque de eso se trata, de convertir al estudiante en un siervo, en un fiel de la letra de la ley mientras se le conduce sutilmente por el camino de la verdad jurídica, la verdad del prestamista. Pero el camino es largo y angosto y solo aquellos fieles que logren centrar su fe en la perfección de los manuales alcanzarán la salvación económica. Los otros, los infieles, aquellos que se preguntan por los conceptos de “equidad” y “justicia”, los que abandonan la biblioteca del monasterio, encontrarán en su resistencia, en su indisciplina, el camino de su perdición o, lo que es lo mismo, se arrastrarán asfixiados en los desiertos de la precariedad.

Por suerte o por desgracia todavía existen las ovejas descarriadas que vuelven al rebaño y, de entre ellas, aquellas que en su vuelta no reniegan de las causas de su descarrío. Entre ellas me encuentro, dispuesto a revelar a mis lectores, muy pocos probablemente, algunas de las grandes farsas en que consiste eso que, bajo el nombre de “derecho”, se estudia en un edificio llamado facultad y se aplica en otro edificio donde abogados y jueces todavía visten una toga negra que les llega hasta los pies.

 

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Escritor y letrado de la Seguridad Social. Leo, reflexiono. Me disgusta el clasismo, muestra de superficialidad e ignorancia. Mi referente es la honestidad, mi fin el comportamiento ético. La Administración española es estructuralmente corrupta. Replicar es más necesario que nunca.

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