14 de agosto del 2018
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En el momento de escribir este artículo sobre la sequía, a 12 de Febrero de 2018, los embalses de las cuencas hidrográficas del Estado español se encuentran a un 42% de su capacidad total. Es decir, hay un 21% menos de agua embalsada que en la media de los últimos 10 años. Las cuencas que menos agua embalsan, respecto a sus máximas capacidades, se concentran en el Levante: son las de los ríos Segura, al 16%, y Júcar (26%). Las cuencas del río Guadalquivir, el Tajo y el Duero están a menos del 40%, y la del río Guadiana acumula menos del 50%. Esta situación de reservas de agua embalsada en pleno invierno, época de precipitaciones en el clima Mediterráneo en el que vivimos, es solo un ejemplo, significativo, del reto que tenemos por delante en la gestión de los recursos hídricos en un contexto de cambio climático.

Los modelos de cambio climático vienen acertando hasta las fecha. Sus predicciones se cumplen, cuando la realidad no llega, incluso, a superarlas negativamente. Por ejemplo, el deshielo de los casquetes polares desborda, una y otra vez, las predicciones de los modelos. Estos modelos de evolución del clima auguran que las precipitaciones disminuirán entre un 20-30% en la Península Ibérica durante este siglo, especialmente en el Sur y el Sureste. A este descenso de las precipitaciones se suma el aumento de las temperaturas. Los veranos se alargan… De hecho, mucha gente habla ya de “veroño” para referirse a la extensión del verano meteorológico en los meses del otoño astronómico. Este aumento de las temperaturas aumenta, a su vez, la evapotranspiración, los requerimientos hídricos de algunos ecosistemas naturales especialmente sensibles (como las lagunas) y de muchos cultivos. [Es importante saber que cerca del 70% del agua gestionada por el ser humano en el Estado español se utiliza en la agricultura. Es decir, que muchos terratenientes son también aguatenientes]. Además, las pocas lluvias que caen y caerán serán más torrenciales, concentrándose en una pocas horas, provocando erosión, inundaciones y corrimientos de tierras.

En este contexto, es clave señalar que el déficit hídrico en un territorio, es decir, el agua que necesita en relación al agua de que dispone cada año, depende tanto de la demanda como de la oferta (precipitaciones). Y la demanda se articula actualmente en forma de cultivos de regadíos, principalmente. En nuestros hogares solo consumimos cerca del 10% del agua gestionada.

Pues bien, como hemos visto, la oferta está disminuyendo y seguirá haciéndolo en un futuro cercano (cada vez lloverá, granizará y nevará menos; sí, nevará menos). A la disminución de los recursos hídricos disponibles hay que sumar una merma previsible de su calidad, debido a su contaminación con insumos procedentes de la agricultura (abonos, plaguicidas, etc.), a los cada vez más frecuentes e intensos incendios forestales, y a una mayor erosión.

Al mismo tiempo que la oferta y su calidad disminuyen, la demanda no hace más que aumentar en forma de la ampliación de hectáreas de regadío para una agricultura industrial orientada, fundamentalmente, a la exportación. Una agricultura industrializada que acaba con la soberanía alimentaria y que depende enormemente del precio de los combustibles fósiles, los insumos y los precios internacionales de los productos agropecuarios (controlados por unas pocas empresas transnacionales y sometidos a una fuerte especulación). Este modelo de agricultura está regando a menudo del pasado, y muchas veces mediante pozos ilegales, gracias a los recursos hídricos acumulados durante años en los acuíferos (que son como embalses naturales subterráneos, incluidos dentro del subsuelo). Acuíferos que también van agotándose, y salinizándose cuando están cerca de las costas.

Frente a esta preocupante situación, la respuesta de los políticos del sistema, al servicio de las multinacionales y los grandes tenedores de tierras, es promover aún más la expansión de los cultivos de regadío, sin controlar la proliferación de pozos ilegales. Al mismo tiempo, apuntan a la necesidad de más embalses, de desalinizadoras de agua marina y de sistemas de riego más eficientes. Estas respuestas sistémicas buscan, esencialmente, el enriquecimiento de unos pocos dueños de grandes superficies agrícolas y de las empresas especializadas en adaptación al cambio climático. El calentamiento global es el negocio perfecto para los terroristas ambientales, quienes nos llevan, a la mayoría social, a un callejón sin salida. La construcción y el funcionamiento de embalses, canales de riego y desalinizadoras conlleva la emisión de enormes cantidades de gases de efecto invernadero (fomentando el cambio climático). Más embalses almacenarán más agua, pero su construcción provoca fuertes impactos socio-ambientales en los valles inundados y en territorios alejados de ellos. El agua que llega a mares y océanos por los ríos no se desperdicia, sino que cumple, directa e indirectamente, funciones ecológicas, sociales y económicas claves, como fomentar muchas de las especies pesqueras. Además, la eficiencia en el uso del agua tiene sus limitaciones, ya que una planta necesitará siempre un mínimo de agua para desarrollarse y producir cosecha. La excusa principal de los políticos del sistema para promover adaptaciones al cambio climático en relación a la escasez de agua que ellos mismos generan (mejores sistemas de riego, más embalses, más desaladoras, cultivos transgénicos resistentes a la sequía, etc.) es la creación de empleo. Más regadío para crear más empleo al mismo tiempo que lo dilapidan frenando, por ejemplo, posibilidades ingentes de desarrollo de energías renovables, gestión de la biodiversidad, servicios públicos, etc. De seguir las cosas en la senda actual (business as usual) no es de extrañar que territorios receptores de migrantes, como el Campo de Adra en Almería y el Levante con sus huertas, pasen a ser emisores de migrantes debido a problemas derivados de la escasez de agua.

Frente a la huida hacia delante del capitalismo, emerge la Nueva Cultura del Agua para adecuar sus usos a su disponibilidad, y vivir, gestionar y disfrutar los recursos hídricos como parte esencial de nuestros ecosistemas, y no como un bien de mercado que se gestiona para satisfacer el afán de lucro de unos pocos. En un escenario de disminución de precipitaciones, hay que reducir la demanda de agua para adecuarla a la oferta. Hay que promover una agricultura ecológica de temporada asociada a una dieta mediterránea saludable. Al mismo tiempo, hay que democratizar el uso del agua, gestionando los recursos hídricos desde servicios públicos y mediante una participación ciudadana efectiva. Además, el agua debería integrarse en nuestras vidas cotidianas (más allá de tirar de la cadena), junto a ecosistemas de alta calidad ecológica (biodiversidad elevada y numerosos servicios ecosistémicos disponibles). Unos bienes y servicios naturales asociados al agua que hagan que nuestras ciudades ofrezcan una alta calidad de vida. Frente a la privatización y el abuso del agua que nos venden desde arriba (al tiempo que intentan que nos sintamos culpables con engañosas campañas de ahorro de agua en nuestros hogares), tenemos que construir poder popular hídrico desde abajo.

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Profesor de Ecología, delegado del S.A.T. en la Universidad de Sevilla y miembro del círculo Macarena y miembro del Colectivo Acción Anticapitalista.
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