30 de abril del 2017
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En los últimos días se han ido sucediendo noticias que hablaban sobre una posible destitución en la presidencia de Brasil, así como de la probable apertura de un juicio político contra Dilma Rousseff.

Dicha información ha venido acompañada de imágenes, grabaciones del Parlamento y un entramado de sumarios, rumorología e información no del todo contrastada a veces, lo cual dificulta llegar a entender qué es lo que está sucediendo en Brasil.

En los últimos dos años está sucediendo en Latinoamérica una transición ideológica de los poderes ejecutivos y legislativos de sus naciones tras una etapa hegemónica de la izquierda. Son latentes los retrocesos electorales en países como Perú, Venezuela o México entre otros, así como la caída de popularidad de algunos líderes respecto de sus antecesores y un telón de fondo sacudido por graves crisis institucionales que siempre giran en torno a una sierpe que no entiende de ideologías: la corrupción. Sin embargo, y a pesar de haber sacudido también a Brasil, no ha sido lo que ha motivado el impeachment (juicio político) en Brasil.

Estudiantes Brasil

Estudiantes a favor de Rousseff y Lula.

Para comprender qué está sucediendo en el gigante latinoamericano es preciso retornar a comienzos del 2015. En mayo del año pasado, Joaquim Palhares, director de redacción de la revista política Carta Maior, advertía de la iniciativa de la derecha en Brasil para llevar a cabo un “golpe suave”, término desarrollado por el politólogo estadounidense Gene Sharp para definir a los golpes de Estado que se realizan hoy día, y ponía como ejemplo predecesor el caso de Venezuela. Así, entendía por “golpe suave” todas aquellas medidas que buscan provocar un debilitamiento gubernamental hasta lograr una fractura institucional del Estado, usando para ello todas las armas psicológicas, grupos de presión y manipulación mediática al alcance de las oposiciones inconformes con los resultados electorales. Un golpe suave que contrasta con los golpes violentos y por la fuerza a los que Latinoamérica estuvo acostumbrada hasta hace relativamente poco. El golpe de Estado de la derecha en 2002 en Venezuela contra el gobierno de Hugo Chávez y el sucedido en Honduras contra Zelaya son los ejemplos más recientes del continente, así como los golpes frustrados contra Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia.

En Diciembre de 2015, Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, anunció la posibilidad de que se abriese un juicio político contra Dilma Rousseff por irregularidades en las cuentas públicas. Al parecer, los presupuestos habían sido maquillados por el Gobierno para mostrar una mejor situación macroeconómica del país. Habían sido numerosas las demandas recibidas por el presidente de la Cámara para iniciar un juicio político contra la presidenta de Brasil.

Finalmente, Cunha aprobó la solicitud conjunta de tres juristas en la que se acusaba a Dilma de irregularidades contables. Uno de aquellos juristas era precisamente uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores: Hélio Bicudo, a la edad de 93 años, lo que golpeó duramente dentro de las filas del partido. Sorprendentemente, el caso de Petrobras, divulgado y difundido por los medios internacionales, no era lo que iba a provocar el juicio contra la presidencia del Gobierno. Dicha denuncia hablaba de “pedaladas fiscales”, un término que se usa en Brasil para hablar de aquella práctica financiera que los gobiernos han efectuado cuando usaban fondos de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad gubernamentales. Paradójicamente, quienes apoyan el impeachment contra Dilma gobernaron en el pasado, y hoy se sabe que ellos también usaron estas prácticas irregulares para maquillar los datos presupuestarios. Acusan de hacer algo que ellos mismos hacían. No justifica esto que lo haya hecho el gobierno actual, pero sí muestra poca legitimidad por parte de la oposición a la hora de denunciar y apoyar este juicio.

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Por otro lado, hemos de reconocer que pocas cosas en política suceden por azar, y en este caso no lo es menos. Cunha, que no pertenece al PT, decidió estimar dicha solicitud pocos días después de que el Partido de los Trabajadores acordase que el Consejo de Ética del gobierno continuase investigándole, debido a la presunta posesión de cuentas secretas de Eduardo Cunha en Suiza. Ante esta insinuación, Cunha aseguró al diario O Globo que no existía motivación política ni personal, sino que había actuado en conformidad con la legislación.

Casualmente de nuevo, Eduardo Cunha anunció la aceptación de la solicitud precisamente el mismo día que el PT informó que mostraba su apoyo a la apertura de un proceso que podría implicarle en la corruptela que había sido destapada en torno a la petrolera estatal, hecho que de nuevo negó en rotundo. “Me asiento sobre bases jurídicas, sobre las mismas que me llevaron a rechazar 27 peticiones similares”, afirmó.

Con toda la información a la que se puede acceder y con el tufo permanente de corrupción en torno a la Cámara de Diputados, la crisis de confianza de sus instituciones políticas se reviste de gravedad al trascender profundamente dentro de la sociedad brasileña. Unos hablan de una izquierda corrupta que se ha querido lucrar en el poder. Otros hablan de intereses ocultos que solamente buscan revertir la situación y volver a aquella Brasil de los 90, con una regresión de los derechos y servicios sociales de las clases más desfavorecidas que se había logrado desde la llegada de Lula, en favor de las más acomodadas.

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Fuese o no justa la apertura de dicho juicio, para ello se ha puesto en marcha una maquinaria política obcecada en hacer caer el gobierno de Dilma Rousseff. Así, su objetivo clave no es otro que inviabilizar su gobierno a través del “impeachment”, para lo cual se vale de una descalificación y acusación expresa contra los líderes del Partido de los Trabajadores. Resulta clave por ello conseguir un desprestigio social de sus líderes si es que quiere volverse a aquella tendencia política más conservadora que existía en Brasil hasta la irrupción de Lula en el poder. Es cierto que hoy día, tal deslegitimiación le ha servido en cierta medida contra Dilma. Sin embargo, no le está siendo tan eficiente contra Lula, quien aún cuenta con el aprecio y agradecimiento de la mayoría social.

Hemos de hacer también mención de  la designación del ex presidente Lula como ministro de Casa Civil el pasado mes de marzo, lo cual hizo que la derecha clamase al cielo. Tal fue así, que al día siguiente el poder judicial fue responsable de una violación constitucional, algo gravísimo en el ordenamiento jurídico de cualquier país: el juez Moro difundió un audio que contaba con el secreto sumarial en el que podía escucharse una conversación privada entre Lula y Dilma, difusión que incumplía las garantías institucionales del Ejecutivo.

Podríamos pensar que dicho audio contuviese una información que dejaba al descubierto corruptelas del gobierno brasileño. En cambio, para decepción de la oposición no era así. En dicho audio, Dilma informaba a Lula de un documento que había de firmar para legalizar su cargo de ministro, ya que quizás no podría acudir a la ceremonia de posesión debido a problemas de salud de su esposa. De hecho, el propio juez Moro reconocería que no había indicio alguno de “actuación inadecuada” en la conversación que había existido entre ambos líderes del PT. Sin embargo, dicho audio fue desvirtuado y cortado por periodistas de los medios Globo, Folha de Sao Paulo y O Estado de Sao Paulo, cuyos accionistas tienen vínculos con la derecha brasileña y con las familias de los golpistas militares de 1964. A estos hechos tan graves se sucedió una cautelar por parte del juez Preta Neto para suspender la juramentación de Lula, lo que fue maniobrado con numerosas convocatorias y movilizaciones para tratar de aumentar la inestabilidad e inseguridad en las calles de las ciudades principales del país.

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Con todos estos antecedentes y tras una continua ola de reproches y alaridos a favor y contra el gobierno, la semana pasada tuvo lugar la votación a favor o en contra del impeachment contra Dilma, votación que contó con el apoyo de la inmensa mayoría del parlamento brasileño. Sin embargo, en las justificaciones de los diputados para explicar por qué querían a Dilma fuera de la presidencia, pocos o prácticamente ninguno hizo mención expresa a los motivos jurídicos y económicos que habían llevado a aquella  votación. Los diputados justificaron sus votos “por Dios”, “por mi nieto Gabriel” o “por los evangélicos”. Esperpento político que echaba mucho de menos cualquier tipo de ordem e progresso.

Negar la corrupción en el gobierno de Brasil sería faltar a la verdad. Además, es latente la sospecha de ello y desde el propio Partido de los Trabajadores se ha echado en falta más mano dura cuando empezaron a vislumbrarse indicios de corrupción, los cuales han ido desgastando paulatinamente la confianza de la sociedad brasileña en su clase política. Sin embargo, estos hechos trascienden más en lo sociológico que en lo puramente político, ya que no es la corrupción sino la violación de normas fiscales lo que ha provocado que hoy día exista la posibilidad de que se enjuicie a Dilma.

Por otro lado, en su defensa, Dilma alega que no ha cometido ningún crimen de responsabilidad. A su vez, Luis Almagro, secretario general de la OEA, negó que exista una acusación fundada contra la presidenta de Brasil, y le mostró su apoyo oficialmente en un comunicado.

En el siguiente gráfico, Gerardo Lissardy de BBC Mundo expone perfectamente las posibilidades de lo que puede suceder más adelante:

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En conclusión, corresponde al Senado decidir el futuro político de Dilma, proceso que mezclará asuntos jurídicos, políticos y personales. No obstante, no parece que todo tuviese que acabar aquí, y es que como ha anticipado el politólogo Carlos Pereira, “de naufragar podría activarse otra de las nueve denuncias existentes”. Todo esto, en última instancia, también ha salpicado a Michel Temer, vicepresidente y siguiente en la línea sucesoria de la presidencia brasileña, quien pertenece al partido de Cunha y también se ha visto involucrado en la trama fiscal.

El futuro del poder político en Brasil está regado por una inmensa incertidumbre, y la recesión económica que hoy vive el país no acompaña. Y no son hechos independientes. Las crisis políticas generan crisis económicas, y estas a su vez, crisis de confianza como citaba anteriormente, que no hacen sino retroalimentar la paralización de la economía.

En todo este maremágnum de despropósitos y de infinito cruce de acusaciones y reproches, quién sabe con qué intenciones ocultas, es inevitable hacer mención a unas palabras que formar parte de una espléndida entrevista que diera hace un mes José Mújica, ex presidente de Uruguay, al periódico argentino La Nación, en la cual dedicaba unas palabras bastante acertadas al respecto y que pueden extrapolarse a todo el continente:

Si a la izquierda le toca perder terreno, que lo pierda y aprenda, porque tendrá que volver a empezar. Y si cometió errores, tendrá que reaprender, y la vida continúa.”

 El Partido de los Trabajadores, y no la oposición, debe ser el primero en acusar duramente a quienes en su partido se han dejado corromper, y es el primer partido que debe crear medidas legales que impidan que pueda suceder, y que de suceder, sea severamente castigado con pena de prisión. Solo así, recuperará la confianza de una sociedad a la que hoy, mientras no actúe de este modo, solo conseguirá defraudar.

No se trata de Dilma. No se trata de Lula. Se trata de principios, y aunque los líderes son necesarios y positivos, dejan de serlo cuando se convierten en arquetipos mesiánicos. Sólo reinventándose y depurándose logrará el Partido de los Trabajadores volver a estar a disposición de quienes le dan nombre.

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Alejandro García Maldonado

Licenciado en Derecho, ha colaborado en diversos medios como El Confidencial, Claridad Digital, El Turbión, El Importuno y Cubainformación. Autor de las obras "Testigos cegados" (2011) "Transcripción del Manifiesto Comunista" (2012), "Al resguardo del tilo rojo" (2014), "Tra due anime" (2015) y "Son de Lirios" (2016). Ha realizado estudios sobre proyectos biográficos coordinados por la Bernard Lievegoed University y dirige el proyecto literario "Etreso Biografías". Actualmente realiza un "Postgraduate Diploma of Journalism" dirigido por el National Council for Training of Journalist e impartido por la University of Strathclyde.

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