24 de agosto del 2017
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En el contexto de la actual crisis del sistema político español —acompañada, y no por casualidad, de una profunda crisis económica— se ha convertido en tópico la certeza de que en la transición del franquismo a la democracia que tuvo lugar entre 1975 y 1982 se encuentra el origen de todos nuestros males actuales. Es común encontrar expresiones de desprecio —«régimen del 78» en alusión a la constitución, por ejemplo— hacia dicho periodo, y opiniones manifiestamente hostiles que lo consideran un pacto de élites, poco más que un lavado de imagen para que el régimen franquista perviviera más allá de la muerte del dictador sin que una verdadera democracia llegara a España. Frente a estos juicios severos se sitúa la versión institucional que a través de mecanismos culturales, educativos y propagandísticos ha pretendido consagrar la transición como un «proceso ejemplar» sin puntos oscuros. Ambos extremos caen en juicios absolutos, que son precisamente los que deberíamos evitar. Es precisa una verdadera crítica basada en el estudio de un proceso complejo que debe ser contextualizado debidamente.

La transición no fue modélica; digámoslo ya para no inducir a equívocos sobre la intención de este texto. Ningún proceso histórico lo es. La historia no puede reducirse a un código binario en el que las cosas son muy buenas o muy malas y no caben los términos medios: la historiografía persigue, por el contrario, un análisis crítico y riguroso que se aleje de los extremos de ánimos encendidos, aunque sean, y más hoy, perfectamente comprensibles. En algunas cuestiones durante la transición se hizo lo que se pudo hacer, en otras se hizo más, y en otras se hizo menos. Es un punto de partida poco emocionante o popular —para detractores o para apologetas—, pero se acerca más a la realidad.

Cuando en 2014 nos preguntamos por qué se tomó tal o cual decisión en 1975, 1977 o 1981, a menudo no tenemos en cuenta cuál era la situación del país entonces. El aparato de gobierno franquista seguía plenamente vigente en 1975, y la democratización del mismo pasaba forzosamente por la integración de sus cargos en el nuevo régimen, así como por la aceptación del nuevo jefe del estado designado por Francisco Franco. La transición política se llevó a cabo en un ambiente lleno de presiones, por añadidura: de ciertos sectores del ejército, de grupos terroristas que cometían atentados con una frecuencia insoportable, y de grupos de la ultraderecha igualmente terroristas que actuaban impunemente con la complicidad más o menos clamorosa de la policía y de un inoperante ministro del interior, Martín Villa. La democracia era aún algo incierto que dependía de la voluntad de los grupos políticos por llevarla a cabo, pero también del apoyo de una amplia mayoría de la sociedad española. En el año 78 se desmontaba, recordemos, la Operación Galaxia, que buscaba un golpe de estado que llegaría tres años más tarde, en el aún demasiado desconocido 23 F. Es un ejemplo de que las amenazas y las presiones al proceso democratizador eran constantes y reales. No todo era realizable, y condenar desde el presente que durante la transición se aceptara al rey Juan Carlos I, que no se juzgara a los criminales franquistas desde el primer momento o que la izquierda pactara con la derecha no es realista; la contundencia en todos esos asuntos era, simplemente, irrealizable entonces. ¿Cuál era la alternativa al pacto para las izquierdas? Probablemente, la exclusión del proceso. ¿Y entonces qué habría sucedido?

«Las renuncias de las izquierdas» están fechadas en realidad mucho antes de que diera comienzo la transición con la muerte de Franco. El PSOE renuncia a la restauración republicana en 1951, nada menos, y el PCE hace lo propio en 1956, cuando diseña la vía de la reconciliación nacional, con la que se renuncia a la lucha armada. Ya con Franco muerto, bajo la dirección de Santiago Carrillo y sus afines, el PCE renuncia definitivamente al leninismo y se reafirma en su deseo de constituirse en fuerza política democrática —entendida a la manera de la socialdemocracia del bloque occidental— mediante el llamado eurocomunismo. La voluntad de llegar a una reconciliación de las dos Españas y que la transición fuera tranquila estaba pues en las fuerzas de izquierda desde fechas muy tempranas y llegado el momento se sumó a la voluntad de cambio de ciertos elementos del franquismo, con Adolfo Suárez a la cabeza. Por supuesto, no voy a pretender que todos ellos lo hicieran desde la sinceridad o que no hubiera oportunismo político en el cambio de chaqueta. Pero incluso aunque así sea, lo que no puede negarse es que hubo un aperturismo claro, incluso desde antes de noviembre de 1975. El inmovilismo fue marginal en la derecha franquista y sus resultados electorales muy pobres.

Eso no significa que la vía democrática fuera un faro constante en las decisiones que se fueron tomando, por supuesto, como pretenden posteriores ficciones hagiográficas revestidas o no de un supuesto rigor documental —ver, entre otras, la teleserie Adolfo Suárez, presidente (Antena 3, 2010)—. Hubo vaivenes y muchas presiones. Pero también hubo decisiones claves: la legalización de los partidos de izquierda para que concurrieran a las primeras elecciones —preconstitucionales— de junio de 1977, por ejemplo. Por otro lado, afirmar que aquello fue solamente un pacto de élites políticas no es exacto ni justo con toda la gente que luchó en la calle. Hubo una movilización ciudadana nada desdeñable en forma de múltiples manifestaciones y de un auge del asociacionismo que venía cocinándose desde la semiclandestinidad. Y entonces ir a una manifestación era jugarse la vida, ya fuera por la represión policial o por las acciones de la ultraderecha.

Aunque no es cierto que en su momento todo el mundo aceptara el proceso tal y como se estaba llevando a cabo. Hubo críticas desde medios de izquierda como Triunfo, El País o las revistas satíricas como Por Favor, El Papus o El Jueves. Tras las primeras elecciones, ésta última llevó en su portada un rotundo «Tongo» referente a la victoria de la UCD de Suárez. En las páginas de estas revistas podían encontrarse múltiples críticas a las concesiones de la izquierda, interpretadas en clave de traición, y también al consenso de los diferentes grupos parlamentarios en cuestiones como los pactos de la Moncloa, unos acuerdos económicos que castigaron duramente a la clase obrera en un momento de crisis económica no muy diferente al actual. La sensación de que «todos los políticos son iguales» y tomaban sus decisiones a espaldas de los ciudadanos —incluyendo la redacción de una constitución envuelta en cierto secretismo— ya estaba ahí; no es nueva. Sin embargo sí era minoritaria. Porque la realidad es que la UCD ganó las primeras elecciones con un 36% de los votos y que esa constitución que hoy pedimos reformar —con razón— entonces fue respaldada en referéndum por un 88% de los votantes. El consenso político se veía reflejado en la ciudadanía, que mayoritariamente quería una transición tranquila. Se avanzó demasiado rápido para algunos y demasiado lento para otros, pero se sortearon muchos aspectos espinosos, que quedaron aplazados, y se sentaron las bases de lo que podría haber sido una democracia de una calidad superior a la que hoy disfrutamos.

El Jueves fue crítico con las primeras elecciones generales.

El Jueves fue crítico con las primeras elecciones generales.

Porque el problema no está en lo que no se hizo durante la transición sino en lo que no se ha hecho desde la transición. Muchos de los déficits de nuestra democracia no son verdaderas consecuencias directas de aquel proceso. El bipartidismo de facto, por ejemplo, es posterior y se sustenta en la ley electoral del 85, que minimiza el impacto de terceras fuerzas políticas, facilita las mayorías absolutas y a la larga desmovilizó el voto más allá de PP, PSOE y los partidos nacionalistas de algunas comunidades autónomas. La corrupción generalizada, los desmanes del sistema financiero, la privatización salvaje, los recortes y la voracidad de los mercados eran evitables.

Por eso la pregunta que debemos hacernos es por qué después, a medida que esos problemas iban apareciendo, no se les puso freno por vía legislativa. Y por qué no se continuó con la tarea iniciada entonces. Por poner un ejemplo muy gráfico, el problema de España no es que no se retiraran todos los símbolos franquistas en 1975, sino que todavía persistan en 2014. Es un caso extrapolable a muchas otras cuestiones. La clase política no ha mostrado verdadera voluntad para terminar con su propia impunidad y establecer límites a su enriquecimiento y a su partipación en las empresas privadas, en muchas ocasiones privatizadas por ellos mismos. Pero también entra en juego una política cultural institucional que como explica muy bien Giulia Quagglio en La cultura en transición (Alianza Editorial, 2014) favoreció determinadas manifestaciones artísticas con una carga política débil o nula. Y una ciudadanía, no lo olvidemos, que entró en el juego de la desmovilización política y cayó muy pronto en el desencanto, y que mayoritariamente no tuvo ningún problema en dejar la política en manos de los políticos exclusivamente.

 

Suárez aplaudido por los entonces Reyes de España

 

Una de las principales causas de este bloqueo es la construcción del mito de la transición. Mito que obviamente se construye a posteriori, durante los años ochenta y noventa, y que consagra una versión institucional del proceso excesivamente idealizada. Prácticamente ningún miembro de los grandes partidos, ni desde luego ninguno de los gobiernos democráticos, se ha atrevido a criticar o a revisar la transición. Tal y como explica Manel Fontdevila en su lúcido ensayo dibujado No os indignéis tanto (Astiberri, 2013), esta idealización construye un marco de actuación cerrado e inamovible. En nombre del pacto de la transición y de las instituciones que de él emanaron se bloquea cualquier transformación del sistema político y cualquier crítica al mismo. El espíritu de la transición, hoy, es una herramienta para proteger el statu quo antes que un utensilio para el cambio político, para continuar ampliando la calidad de nuestra democracia. Y esto es así incluso en lo que respecta a la constitución española, en su momento un texto de mínimos que remitía cuestiones importantes a una legislación posterior y que hoy, por obra de esa labor propagandística, parece un texto sagrado cuya reforma haría incurrir en la ira de los padres de la constitución, incluso de aquél que no cesó de poner palos en las ruedas durante su redacción, el difunto Manuel Fraga Iribarne.

El mito de la transición pesa hoy como una losa sobre la España de 2014. Es necesaria una catarsis que rompa el bloqueo para que dé comienzo una verdadera reforma del sistema que responda a las necesidades y preferencias de los españoles y las españolas de hoy, y que genere controles efectivos que impidan el saqueo de lo público, que castigue de verdad la corrupción, que favorezca la intervención de la ciudadanía en la política, que traiga consigo una auténtica separación de poderes e independencia judicial. Todo eso es cierto pero exigirlo, luchar por ello, no necesita de la demonización de un proceso al que no podemos condenar absolutamente por no llevar a cabo en el 75 la reforma profunda que necesitamos hoy. Seamos críticos, estudiemos la transición, recuperemos la memoria de sus muertos y sus encarcelados. Pero no caigamos en el mismo error que sus hagiográfos. Seamos conscientes de las limitaciones que las circunstancias históricas le impusieron. No podemos pedir que en 1977 se depurara a las cabezas del franquismo, que se expropiara a las grandes fortunas, que se declarara una nueva república y que de pronto una España de tradición católica se convirtiera en un estado totalmente laico y aconfesional. Ni siquiera aunque a alguien le pareciera lícito o deseable una acción violenta para lograr todo aquello ésta fue, sencillamente, inconcebible. Seamos siempre críticos, huyamos de las explicaciones simples y no caigamos en la tentación de culpar a la transición de todos nuestros problemas: la realidad es algo mucho más complicado que eso, y la ciudadanía responsable pasa por asumirlo. Tomar las riendas de nuestra propia política así lo exige.

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Gerardo Vilches (Madrid, 1980) es crítico de cómics y licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente trabaja en su tesis doctoral sobre revistas satíricas de la transición. En 2014 ha publicado "Breve historia del cómic" en la editorial Nowtilus.

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    11 Réplicas

  1. Elena

    Un texto muy interesante acerca de un tema que suscita demasiados sentimientos encontrados por su cercanía en el tiempo, me temo. Es en este tipo de cuestiones en las que más falta hacemos los historiadores, porque ponemos nuestro espíritu crítico y nuestro rigor investigador allí donde el resto pone su pasión y memoria. Mi más sincera enhorabuena en este sentido, sobre todo por tratarse de un historiador joven, aún en formación. Eso nos anima a muchos y a muchas a ver que nuestro trabajo tiene sitio entre las columnas periodísticas de afamados catedráticos de universidad.

    Comparto plenamente esa idea de que “el problema no está en lo que no se hizo durante la transición sino en lo que no se ha hecho desde la transición”. Pero también creo que -al margen de muchas cuestiones-, si no se ha hecho más desde entonces es porque la transición acabó siendo una especie de candado -como decía Pablo Iglesias el otro día. De ahí, en mi opinión, que se buscaran y materializaran tantas alianzas, que tuvieran lugar tantas “traiciones”. El objetivo era, o así lo veo yo, cerrar el oscuro capítulo que había supuesto “el corto siglo XX”, en este caso, español. Y eso, claro, tuvo y tiene sus consecuencias en el periodo subsiguiente y en el actual. Huyamos, por supuesto, de análisis extremos, pero no huyamos de la conexión profunda que todavía guardamos con la transición. No demos carpetazo a ese proceso poniéndole un candado, porque los vicios del sistema actual tienen allí sus raíces, aunque se consolidaran más adelante.

    En definitiva, y para no enrollarme más, me gusta que mires hacia delante en busca de más y mejores argumentos que expliquen nuestra realidad. Y aunque eso tiene sus pros, pues por fin planteamos la pregunta desde otra perspectiva -¿qué demonios estamos haciendo la primera generación nacida y criada en democracia?-, también tiene algún que otro contra. Pero, de momento, prefiero quedarme sólo con lo positivo de tu planteamiento.

    Gracias, Gerardo, por hacernos pensar y reflexionar.

  2. Gerardo Vilches

    Muchas gracias a ti por tu comentario, Elena, me alegra mucho que el artículo genere debate.
    Estoy de acuerdo contigo en lo que comentas sobre el peligro que supone echar el candado sobre la transición. Como sabes las críticas en ese sentido durante la misma transición fueron más bien escasas. La gente que quería democracia, en su mayor parte, la quería sin traumas, a través del pacto con el gobierno franquista, cuyos sectores reformistas también se mostraron dispuestos a pactar con el exilio. Sin ir más lejos, la ley de amnistía, que hoy muchos ven como la manera en la que los franquistas se aseguraron su impunidad, en realidad entonces se vio como lo contrario, como una forma de empezar un nuevo capítulo en el que la gente que estaba en la cárcel por motivos políticos fuera liberada. Y fue vivida como un gran triunfo: era la gran reivindicación entre el 75 y el 77 de la oposición democrática.
    Se trata de una cuestión de perspectiva. Los franquistas, entonces, eran el poder establecido y legítimo. ¿De qué tenían que protegerse o blindarse? La ley los amparaba, ellos eran el statu quo. Casi todas las fuerzas de izquierda estaban de acuerdo en dejar estar la cuestión de los crímenes franquistas a cambio de esa amnistía.
    Ahora bien, el problema es el que comentamos: hoy seguimos igual. Ha pasado suficiente tiempo, creo yo, como para dejar de invocar dicha amnistía y el pacto de la transición para proteger a criminales que para vergüenza nuestra son perseguidos por la justicia argentina antes que por la española. No hemos sabido revisar lo que debe ser revisado, y no hemos tenido interés en hacerlo, como tampoco hemos tenido interés en regenerar la política con nuestro voto. Los que están en los grandes partidos hoy en día no van a llevar a cabo grandes reformas del sistema, es evidente. De hecho cuando tocan algo (Cospedal reduciendo el número de diputados, por ejemplo) lo hacen para aegurarse aún más su poder. Necesitamos un buen meneo. Y por eso me parece muy interesante tu pregunta: ¿qué hemos hecho los nacidos en democracia, por qué hemos entrado en el juego, por qué continuamos con la inercia? Quizás el problema viene incluso de más atrás, de cuarenta años de dictadura que marcaron a un país que ha perdido su cultura democrática y la tiene que encontrar ahora.

    Un saludo y gracias de nuevo.

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  4. Jesus Amador Tavera Hinojosa

    Los felicito poor la Lucha que presentan y me permito sugerirles que vean el contexto de manera Universal y no solo local. El problema es Mundial y se debe a una estrategia genocida y antisocial y muchos actos sumados algunos antisociales y otros esclavizantes, otros demenciales; se usa el elemento dinero para controlar y destruir y la necesidad como medio de sometimiento y exterminio, se requiere Conciencia y Organizacion, Saludos y amplien su expectro totalmente.

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  9. María

    La ley del 85 que asentó el bipartidismo no se basa en el decreto/ley de 1977 que el gobierno de Suárez impuso, el cual se basa en una ley electoral amañada para favorecer a los partidos mayoritarios y de derechas. En concreto fue elaborada por expertos de la UCD para que esta obtuviese la mayoría absoluta con los votos que les otorgaban los sondeos. Que luego los socialistas se diesen cuenta de que les beneficiaba es otra cosa, pero ya base no estaba ahí.

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