11 de diciembre del 2017
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El gobierno de Estados Unidos tiene ahora en la mira a las pandillas centroamericanas. Como los mexicanos no le fuimos suficiente a Donald Trump para conseguir la construcción del ansiado muro, ahora son las llamadas maras la nueva amenaza para la seguridad nacional.

En las últimas semanas, diferentes medios, sobre todo estadounidenses, se han hecho eco de los anuncios provenientes de la Casa Blanca. Jeff Sessions, fiscal general, anunció el pasado abril que devastarían y desarticularían a las pandillas y sus fuentes de financiación. Desde entonces cualquier arresto o cualquier acto cometido por las maras es motivo de análisis y tiempo en televisión.

Pero, ¿son las maras una amenaza real para los Estados Unidos?

A pesar de las ganas que tiene Donald Trump de culpar a las “laxas” políticas de control migratorio de Obama por la entrada al país de la Mara Salvatrucha (también conocida como MS13) y de la Mara 18 (o M18), lo cierto es que estas pandillas se formaron en el estado de California. Exactamente en la década de los setenta y ochenta. Sí, su origen es salvadoreño. Los refugiados de la guerra civil de ese pequeño país de Centroamérica formaron estas bandas para protegerse de otros grupos de corte racista y de las mafias mexicanas. El resultado es uno de los grupos más violentos del mundo a día de hoy, dedicado netamente a la extorsión, asesinato a sueldo, secuestro y al tráfico de armas, personas y drogas, sin ninguna reivindicación política, cultural o económica.

Se calcula que las maras tienen hasta 6 mil miembros activos en territorio estadounidense. Un dato poco alarmante si se compara con los casi 100 mil que hay en el llamado “Triángulo Norte”: el territorio comprendido por Guatemala, Honduras y El Salvador, una de las regiones más pobres del mundo. También una de las más violentas. En El Salvador únicamente se registraron 14.4 homicidios por día en 2016. Así, no es de asombrarse de que fuera noticia internacional el único día en dos años en que no se registró un sólo asesinato: el 11 de enero de 2017.

Las deportaciones masivas de pandilleros anunciadas por el gobierno de Donald Trump pueden parecer un respiro para el ciudadano común estadounidense, amenazado por todos estos “bad hombres”. No obstante, una gran cantidad de pandilleros son ya nacidos en territorio estadounidense. Por más morenos que sean, o por más raíz en El Salvador que tengan, los avala un pasaporte y un carnet de identidad.

Aún así, el peligro real que representan estas deportaciones es para El Salvador mismo. El país no cuenta a día de hoy con una legislación que cubra el qué hacer con los criminales que aterrizan en el país. Según el Coronel José Rivas, del partido de la oposición y Presidente de la Comisión de Seguridad Nacional, El Salvador se ha convertido en una prisión a cielo abierto de los Estados Unidos. La diputada del partido en el gobierno, Margarita López, lo confirma: quedan libres si es que en el país no tienen ningún antecedente penal, y actualmente no hay mecanismos legales para darle seguimiento a sus pasos.

No obstante, la Constitución salvadoreña sí prevé casos en el que el Estado no puede garantizar la protección de su ciudadanía. El artículo 2 habla del derecho de los salvadoreños a la seguridad, incluso si son los mismos ciudadanos los que tienen que protegerse a sí mismos. Ante las amenazas constantes de los pandilleros (deportados o no), en las zonas rurales se han formado comités de seguridad con voluntarios cuya misión es prevenir que los pandilleros se instalen y controlen las zonas. Estos comités trabajan en coordinación con las autoridades locales y cuentan con la venia del gobierno siempre y cuando no carguen armas de fuego. Así que, armados con palos y machetes, salen a patrullar las calles de sus pueblos, interviniendo en casos de violencia o avisando a la policía si algún sospechoso merodea la zona.

Los detractores de los comités de seguridad insisten en que son el primer paso para que la gente empiece a “tomarse la justicia por su propia mano”. Sobre todo, con la experiencia que hay desde los noventa con los denominados grupos de limpieza social, que persiguen y ejecutan a presuntos pandilleros. En julio del año pasado, las autoridades desarticularon a una de estas bandas, compuesta también por policías y financiada por empresarios locales y salvadoreños residentes en Estados Unidos. Este año ya se investigan los asesinatos de al menos diez personas, con vínculos a las maras, que fueron masacrados por sujetos enmascarados y vestidos de negro.

La M18 y la M13 tienen presencia en toda Centroamérica, México, Colombia, España, Estados Unidos y Canadá. La mayoría de sus miembros tienen entre 15 y 20 años. Sus miembros se distinguen por los numerosos tatuajes en sus cuerpos y por el lenguaje de señas con el que se comunican. En México, estas pandillas se disputan el control del territorio y al parecer, han hecho tratos con los cárteles, quienes los contratan como sicarios. En El Salvador se cree que han roto una tregua establecida en 2014 y que han declarado una guerra contra el Estado.

Este análisis se basa en los recientes ataques a agentes de la policía. El riesgo será entonces el fuego cruzado, dependiendo del rumbo que tomen las políticas de defensa nacional en Centroamérica.

 

Las fotografías son de panampost.
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Ale Oseguera

Periodista de profesión, escritora por vicio y performer de oficio. Interesada en la política, el arte y las personas, no necesariamente en ese orden. Actualmente trabaja como productora y redactora para ZoominTV Holanda. Su primer poemario "Tormenta de Tierra" se ha publicado en España y México.
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