24 de junio del 2017
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El proceso de construcción de un Imperio no puede ni debe explicarse, únicamente, en clave militar. La mera fuerza bruta podría servir para justificar la dominación de un territorio durante un cierto tiempo, pero sin lo que en términos gramscianos podemos calificar de “hegemonía cultural”, las conquistas serían efímeras, como efímera sería la impronta histórica de quienes las realizaran. Esta idea resulta plenamente aplicable al Imperio romano. La conquista militar, por sí sola, no explica la importancia de Roma en los libros de historia.

En efecto, tras un primer momento de subyugación militar, era necesario fijar una estructura administrativa concreta para facilitar la gestión de cada territorio a través de una lex provinciae, “ley sobre la provincia”, que determinaba los derechos y obligaciones, fundamentales tributarias, por las que había de regirse. A continuación, para favorecer la explotación económica del territorio, resultaba necesaria la construcción de infraestructuras públicas, de modo que en las provincias conquistadas operaban comerciantes romanos que resultaron decisivos para la pujanza económica de estos territorios. Como señala Mary Beard “El Mediterráneo oriental era un hervidero de comerciantes romanos sacando tajada de las oportunidades comerciales que seguían a la conquista, desde el comercio de esclavos y de especias hasta contratos más prosaicos de suministros de armas” (Beard, 2016,212).

Asimismo, y como consecuencia de la conquista y de las relaciones personales que se establecían entre los nativos y los soldados, un numeroso grupo de personas enfrentaban una problemática esencial para sus vidas, la resultante del mestizaje, un mestizaje que las despojaba de ciudadanía, al ser consideradas extranjeras tanto para los suyos como para los romanos. Esta problemática propició una de las ideas más geniales de la historia de la humanidad, cuyo primera y original manifestación tuvo lugar en el año 171 a. de c., cuando cuatro mil personas, hijas de soldados romanos y mujeres hispanas exigieron una solución a su situación personal.

Roma les concedió el estatus de latinidad, la “ciudadanía latina”, un tertium genus entre la ciudadanía romana y la extranjera, formando estos ciudadanos latinos la colonia de Carteia, localidad que, actualmente se sitúa en la provincia de Cádiz. Tal concesión no estuvo acompañada de exigencias imperiales, de modo que los ciudadanos de Carteia no estuvieron obligados a utilizar el latín, ni el calendario romano, ni tampoco se les impuso la obligación de adorar a los dioses romanos. Esta concesión unilateral generaría deberes de gratitud o, cuanto menos, de no animadversión, provocando una inmersión voluntaria de los agraciados en la cultura romana.

Este proceso, que a lo largo de las conquistas posteriores iría generalizándose, supuso la asunción de una vocación universalista, de modo que “esta vocación universalista de Roma fue, precisamente, la que asombró al Mundo Antiguo y constituyó una de las causas fundamentales de su éxito histórico, al ser capaz de establecer una separación nítida entre el aspecto étnico-histórico y el jurídico-político de la ciudadanía” (Andrés Santos, 2007, 258). Por otra parte, la prestación de servicios para los ejércitos romanos durante un período de veinte o más años, suponía la adquisición de la ciudadanía romana, con las inherentes ventajas jurídicas, económicas y, sobre todo, sociales, que a tal concesión cabe atribuir.

Hacia los estertores de la República, la Guerra Social desembocó en la concesión de la ciudadanía romana a todos los aliados itálicos (socii Italici) a través de una lex Iulia, en el año 90 a. de c. y, en el 89, a. de c. una lex Plautia la concedió a todos los itálicos, incluso no aliados.

Como consecuencia de este proceso se extendió, a lo largo y ancho de del Imperio romano, una idea de ciudadanía caracterizada por la diversidad, pues no existía una forma única de ser ciudadano romano, o latino, sino que en los distintos territorios sujetos al Imperio, el “ser romano” admitía diversos ropajes, de modo que resulta pacífico que la forma de interpretar la ciudadanía romana en la zona oriental del Imperio disentía de la forma de vestirla en la Britania o en la Hispania. Laten en todo este proceso las ideas de tolerancia y transigencia, de modo que la construcción del Imperio no hubiera resultado posible desde el absolutismo moral.

Por otro lado, el proceso de integración siempre requirió de la necesaria colaboración de las élites provinciales, verdaderas beneficiarias de todo el proceso, para las cuales la integración resultó una oportunidad en orden a lograr el reconocimiento social y económico en Roma. Ejemplo de ello lo tenemos en la figura de Quintus Lollius Urbicus, gobernador de la Britania entre los años 138 y 144, el héroe local investido del prestigio de la ciudadanía romana.

Este proceso de integración, cuyas características más esenciales estamos relatando, se focalizaba en las ciudades, siendo los ámbitos rurales ajenos al concepto de romanización o, cuanto menos, escasamente sensibles a él.

El teatro romano de Cádiz es el segundo más antiguo de la península.

El mundo romano aparece, así, como un mundo globalizado donde al compás de las conquistas se produce un intercambio cultural y económico plenamente compatible con la idea de dominación e inherente a él. Los romanos, conscientes de la dificultad de controlar un Imperio extenso que alcanzaría la cifra de sesenta millones de romanos, utilizaron la idea de ciudadanía para lograr la subordinación. Se calcula que cerca del veinte o treinta por ciento de ciudadanos de las ciudades de la Britania no eran originariamente romanos, aspecto este que advera el concepto de “hegemonía cultural” que apuntábamos al principio, pues resulta pacífico que a través del concepto de extensión de la ciudadanía el Imperio logró una cierta cohesión, necesaria para alcanzar sus fines y extender un modo de vida romano compatible con la dominación.

A medida que este proceso se fue consolidando y que a la crisis de la República le sucedió la praxis autoritaria del Imperio, la extensión de la ciudadanía fue reconociéndose de forma habitual. No obstante, el proceso de extensión de la ciudadanía romana resultó plenamente compatible con la agonía de la misma, de manera que, cuando Caracalla, a través de su Constitutio Antoniana, extendió la ciudadanía romana a todos los ciudadanos del Imperio en el año 212 d. de c., excepción hecha de los dediticii,  ciudadanos bárbaros que formaban el estrato inferior de algunas provincias, como los laeti célticos de la Galia, el concepto de ciudadanía se encontraba notablemente pauperizado y en estado agónico. Autores clásicos, como Dión Casio, apuntaron la idea de que tal concesión obedecía a motivos fiscales, pues los campesinos no solo pagaban con parte de sus productos sino también en dinero, pero los historiadores, en general, están de acuerdo a la hora de afirmar que las motivaciones humanitarias y el deseo de igualar a la población, equiparando a todos los súbditos del Imperio, actuaron como razones de peso de la concesión.

Sin embargo, la estructura esclavista y clasista de la sociedad romana no ha de llevarnos a pensar que todos los seres humanos, por el hecho de serlo, gozaban de los beneficios de tal concesión, pues los esclavos no gozaban del estatuto propio de ciudadano, careciendo tanto de capacidad jurídica como de capacidad de obrar. Asimismo, en cuanto a los libertos, “no era lo mismo que una persona fuese liberada formal o informalmente, pues las manumisiones informales técnicamente no conllevaban la ciudadanía romana, sino que tan solo otorgaban una especie de ciudadanía de segundo grado denominada latina juniana” (R. Knapp, 2011,203). Por ello no han de buscarse demasiados paralelismos entre la idea de ciudadanía en el mundo actual y la imperante en Roma. Sí cabe afirmar que “la ampliación extensional del concepto de ciudadano implicó la reducción intensional del mismo, haciéndose paulatinamente un tipo de ciudadanía menos densa” (Andrés Santos, 2007,261), de modo que el primigenio y original ciudadano romano titular de los derechos y de las obligaciones propios del ius civile acabó convertido en súbdito.

Las ideas expuestas en las líneas anteriores nos permiten alcanzar diversas conclusiones. En primer lugar, constatamos la originalidad de Roma al dar solución a situaciones de apatridia, situaciones potencialmente generadoras de conflictos y que, gestionadas con habilidad, fueron una fuente importante de obediencia tácita y acatamiento de las costumbres romanas, favoreciendo la romanización a través de un proceso de aculturación. Asimismo, la concesión de la ciudadanía latina, más tarde romana, favoreció el intercambio comercial y los flujos migratorios, actuando como un elemento favorecedor de la cohesión en el Imperio. Como contraargumento o contrapeso, dicha cohesión solo se logró dentro de un régimen imperial autoritario, de modo que el ciudadano romano del siglo III d. de c. vestía más las características del siervo que la del ciudadano libre, excepción hecha de la elite.

Todo ello nos conduce a la afirmación de que a mayor universalidad del concepto de ciudadanía menos son los derechos que a ella cabe anudar, aspecto este que ha llevado a sectores críticos del cosmopolitismo, y a ciertos cosmopolitas, a negar la conveniencia de un Estado mundial, al que, no sin razón, se vincula con el totalitarismo y la arbitrariedad.

 

 

-Andrés Santos, F. J. (2007). Ciudadanía romana y cosmopolitismo moderno. Historia Antigua, XXXI, 253–265.
-Beard, M. (2016). SPQR. Barcelona: Editorial Crítica.
-R. Knapp. (2011). Los olvidados de Roma. Barcelona: Editorial Ariel.
-Roldán J.M., Blázquez J.Ma, Del Castillo A. (2009). Historia de Roma II. Barcelona: RBA Coleccionables..

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Escritor y letrado de la Seguridad Social. Leo, reflexiono. Me disgusta el clasismo, muestra de superficialidad e ignorancia. Mi referente es la honestidad, mi fin el comportamiento ético. La Administración española es estructuralmente corrupta. Replicar es más necesario que nunca.
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