12 de diciembre del 2017
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A primeros de diciembre se han hecho públicos los resultados de las pruebas PISA-2015, una evaluación internacional que realiza la OCDE cada tres años en la que se valoran competencias científicas, matemáticas y de comprensión lectora[1] en Secundaria. En el caso andaluz, las calificaciones de las pruebas fueron las más bajas del país, quedando por debajo de la media europea y empeorando sus resultados con respectos a los de 2012.

Como observamos, los conocimientos objeto de medición lo son bajo la denominación de competencia, un concepto en torno al que se han escrito ríos de tinta y que más allá del lenguaje pedagógico oculta una realidad que se aleja del plano educativo. Desde la implantación de la LOGSE en los primeros noventa hasta la actualidad se ha producido un deslizamiento conceptual desde la noción de cualificación, entendida como un proceso evolutivo de aprendizaje que es sancionado por un título al que corresponde un nivel salarial, y la noción de competencia, comprendida como el conjunto de ideas abstractas, cualidades, estados y/o virtudes adquiridas o no en el contexto educativo, que no implican necesariamente la obtención de un título. Para el profesor Michel Éliard ese deslizamiento lleva de “una cualificación reconocida socialmente a unas competencias definidas por el empleador” que es, en última instancia, quien define las reglas del juego. No nos es extraño que desde hace más de dos décadas la patronal haya intervenido de forma creciente en “la definición de los referenciales de empleo, en la programación de los saberes a enseñar, en la definición de las titulaciones con el fin adaptar los contenidos a la evolución de la producción”. El carácter colectivo de la cualificación y el carácter individual de las competencias llevado al plano laboral, campo real de juego, subvierte las reglas de contratación fijadas por las negociaciones colectivas entre representantes patronales y representantes de los asalariados, tradicional en la rama industrial, y deja la puerta abierta de par en par a la flexibilidad laboral, más acorde con las relaciones laborales de la rama empresarial[2].

Llegados a este punto creo que estamos de acuerdo en que PISA no refleja los conocimientos adquiridos ni, como ciertos estudios señalan, mide la inteligencia. Una evaluación puntual y extraordinaria sin sentido de la progresividad del aprendizaje ni del contexto socioeconómico[3] del que procede el alumno no puede arrojar, en ningún caso, datos objetivos, por lo que el fracaso real de PISA no es quedar en último lugar sino buscar desesperadamente la estandarización de nuestros estudiantes según el modelo económico neoliberal.

A pesar de que muchos veamos que el emperador va desnudo, las administraciones educativas, tanto central como autonómicas, se empeñan en valorar el estado de salud de la educación en las diferentes regiones según los resultados de estas pruebas. En Andalucía, la consejera del ramo, Adelaida de la Calle, se ha mostrado “sorprendida” aunque reconoce que “pueden reflejar los efectos nocivos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)”[4], afirmación que no puede sino resultar sonrojante habida cuenta de que las pruebas se realizaron cuando aún no se había la implantado LOMCE en Secundaria (sólo en los cursos impares de Primaria). ¿Por qué De la Calle no se sorprende de que en las aulas andaluzas se sobrepasen las ratios de forma generalizada? ¿Por qué no se escandaliza con las irrisorias ofertas públicas de empleo docente? ¿Por qué no pone el grito en el cielo por el aumento de dos horas lectivas al profesorado desde 2012 que trajo el despido de más de 4500 maestros y profesores? Y, finalmente, ¿no le resulta cuanto menos curioso a la señora consejera que Andalucía sea la segunda comunidad que menos invirtió por alumno, solo por detrás de Madrid (4.505 €)?

El desastre que nos presenta PISA ha constituido por sí mismo la coartada perfecta para que, por las mismas fechas, la Consejería de Educación publicara a bombo y platillo el denominado Plan de Éxito Educativo[5] (en adelante PEE), un programa integral de intervención educativa que tendrá que desarrollarse entre este curso y 2020.

Una lectura sosegada de este documento, de más de setenta páginas, nos evoca un cierto aire de familia que sospechosamente nos recuerda a la propia LOMCE, ley que Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, ha prometido como un mantra revertir[6]. Tras una introducción en la que analiza uno de los problemas más acuciantes (y endémicos) de la sistema educativo andaluz, como es el abandono escolar, se pasa a un capítulo de objetivos en el que se prioriza el aumento de las tasas de titulación (100% en Secundaria y al menos un 85% en Bachillerato). Con la puesta negro sobre blanco de este objetivo se hace visible una realidad que desde hace unos años llevan sufriendo los centros de Secundaria y Bachillerato, al ser recurrentemente visitados por los servicios de inspección, ahora presentados como aliados de los centros, en su flamante papel de conseguidores de titulados por encima de cualquier criterio pedagógico.

Indicado el fin os preguntaréis por los medios. Es en este punto cuando, sin atisbo alguno de vergüenza, el PEE presenta como primera línea de mejora una campaña de marketing audiovisual (en redes sociales, en la RTVA) encaminada al ensalzamiento del papel de los docentes de la escuela andaluza. Así, sin más. Solo ciertas percepciones, que no realidades, pueden alterarse con un anuncio o con sólo un tuit.

Un rol determinante para alcanzar el objetivo primordial de este plan descansa sobre los equipos directivos, que desde 2010 ostentan amplísimas competencias entre las cuales destaca la potestad disciplinaria, y a los que el PEE blinda como líderes pedagógicos en aras de una supuesta autonomía de los centros. Tener la última palabra en la designación de cargos intermedios (jefaturas de departamento o de áreas de competencias) así como en el nombramiento de los responsables de los planes, proyectos y programas que se desarrollen en los centros permitirá a las directivas rodearse de camarillas de afines llegado el caso o la necesidad.

En relación a la adecuación de las plantillas docentes el PEE es claro. Propone la creación de un perfil virtual en el que se relacionen las características de los centros, desde los programas en desarrollo a las llamadas buenas prácticas en uso, que permitan a los docentes funcionarios de carrera escoger en los Concursos Generales de Traslados el/los centro/s que más se adapten a su perfil profesional. ¿Es descabellado pensar que esto provocará que centros o zonas escolares de difícil desempeño tengan plantillas inestables compuestas en su inmensa mayoría de personal interino o en situación de provisionalidad, como tristemente ya ocurre en áreas como la del Campo de Gibraltar? ¿No huele todo esto a ranking encubierto?

Otra de las grandes innovaciones que presenta el PEE es la prolongación de la fase de tutorización del profesorado novel, que tendría como contrapartida laboral la demora en varios años del nombramiento de estos funcionarios en prácticas como funcionarios de carrera.

La formación del profesorado, ya sea en los CEPs o en los propios centros docentes, y la apuesta por nuevas metodologías, en especial las derivadas del uso de las TICs, merecen capítulos propios en los que en ningún momento se contempla un aumento de la financiación. Para la Junta la creatividad es un valor en alza, sobre todo si es gratuita. Se estima que la comunidad andaluza recortó más de un 5% la partida dedicada a Educación en el lustro que va desde 2012 a 2016, lo que representa unos 1.000 millones de euros menos.[7]

Ante este incierto escenario lanzo una pregunta, que esta vez no es retórica: ¿a qué esperan los representantes de los diferentes agentes de la comunidad educativa a alzar la voz contra este nuevo desafío a la calidad de la educación pública andaluza?

 

 

[1] http://blog.educalab.es/inee/tag/pisa/

[2] ÉLIARD, M. El fin de la escuela. Madrid. 2002

[3] Para una relación entre PISA y las regiones de baja alfabetización en el siglo XIX: CARABAÑA, J. Las diferencias entre países y  regiones en las pruebas PISA.

[4] Diario Sur, 6 de diciembre de 2016.

[5] http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced

[6] Europa Press, 15 de noviembre de 2016.

[7] http://ctxt.es/es/20161207/Politica/9936/educacion-andalucia-pisa-recursos-recortes-profesores.htm

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Sara Madrigal Castro

Licenciada en Historia (2006), profesora de Geografía e Historia en Enseñanza Secundaria.
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