20 de septiembre del 2017
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En términos de desigualdad, Chile se muestra ante los demás países del continente hispanoamericano como el Estado con mayores problemas de enjundia. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que agrupa a 34 países de todo el mundo y a la que pertenece Chile, con el uso del método de coeficiente Gini, cataloga al país andino como uno de los que posee una mayor desigualdad de ingreso, sólo superado por México.

A su vez, en 2011, el Banco Mundial lo catalogó como uno de los países con ingresos más dispares a nivel mundial. El 1% de su población concentra un tercio de los ingresos nacionales. Y dentro de ese 1%, el 0,01% posee el 10% del total.

Si bien la desigualdad económica es preocupante en los términos macroeconómicos aquí expuestos, mayor es cuando dicha inequidad se refleja de un modo palpable en otros tipos de desigualdades, como es la de acceso a la educación o la residencial. Y a pie de calle, son estas desigualdades las que sí hacen peligrar la coexistencia pacífica en Santiago de Chile y en cualquier otra ciudad del continente donde son latentes.

Así pues, la segregación residencial se ha acelerado en los últimas décadas, en gran parte a raíz de una serie de políticas públicas a nivel nacional que distribuyeron las denominadas “viviendas sociales” a distritos que poseían bajos recursos urbanos. En otras palabras, aquellas familias con dificultades económicas fueron concentradas en zonas carentes de recursos, servicios óptimos y abanico de oportunidades, lo cual generó nuevas barreras cara a la inclusión social y aumentó la vulnerabilidad sobre tales familias. Fueron los popularmente conocidos como “blocks”.

Dicha segregación residencial, como antes apuntábamos, incide directamente en la educacional. Así, tomando datos oficiales de puntajes en pruebas estandarizadas sobre diferentes institutos de Santiago de Chile, en casi todas las grandes concentraciones de vivienda social, los puntajes educativos son de los más bajos de la ciudad. En gran parte, no sería pues descabellado afirmar que la segregación y desigualdad urbana se ve directamente relacionada con el bajo rendimiento escolar, lo cual agrava las pocas posibilidades de estos niños de salir de un círculo que les es desfavorable.

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De ambas se desencadenan nuevas problemáticas y desigualdades. Así, apuntaba el Centro de Investigación TECHO-Chile que “a mayor concentración de viviendas sociales dentro de las comunas del Gran Santiago, existe un menor precio de suelo, mayores distancias hacia servicios públicos de seguridad, salud y educación, mayor porcentaje de analfabetismo, menos años promedio de escolaridad en su población y mayores tasas de desempleo”.

Dicha desigualdad sólo podría cambiar tal tendencia a través de políticas públicas que hoy día se muestran ineficientes para dar una solución efectiva a la misma.

La desigualdad, el clasismo, la diferenciación en grupos, y hasta en algunos sectores el racismo, están tácitamente aceptados y normalizados en la sociedad santiaguera, algo que la Universidad de Chile estudió y publicó en enero de 2016 (“La persistencia de la segregación y la desigualdad en barrios socialmente diversos: un estudio de caso en La Florida, Santiago”). En dicha recensión, hay una frase con la que, uno de los entrevistados por los investigadores, resume dicha aceptación social a la desigualdad: “la gente busca a sus pares”.

No obstante, aunque pudiese parecer cierto o que lleva razón dicho entrevistado al decir algo así, podemos comprobar fácilmente que todo lo contrario. La baja socialización entre quienes se consideran clase media (que no quiere decir que en relación a sus ingresos y ubicación del domicilio realmente lo sean) es notoria. Y hasta en los propios condominios destaca las carencias de sociabilidad entre familias y vecinos. Además, si aquellos residentes de clase media tuvieran opción de irse a las “casitas del barrio Alto” que cantase Víctor Jara, no dudarían ni un segundo ni tendrían remordimiento alguno en dejar a sus “pares”. No existe en gran medida apego alguno al barrio como espacio físico o social. Se trata, más bien, de un “simbolismo de la localización”. Esto es, hallarse en una zona de la ciudad con vecinos con el mayor estatus posible y no desentonar a la vera de los mismos. Así, el barrio, no se convierte en otra cosa que en una pantalla del estatus de uno propio. Sin precisar relaciones vecinales, sin una connotación funcional, sino más bien simbólica. Lo que el doctor en sociología Michael Savage denominó como “pertenencia electiva”.

En una sociedad tan polarizada, clasificada y etiquetada, quienes se llevan la peor parte son aquellos que fuero hacinados en las periferias por decisión de quienes entonces llevaban a cabo las políticas públicas de infraestructura y vivienda social en Chile cuando se iniciaron los levantamientos de los blocks. ¿A quién atribuir la responsabilidad? Es algo complejo que va más allá de señalar con el dedo. Las primeras medidas que incentivaron la construcción de las mismas fueron durante los gobierno deormentemocristianos de Patricio Aylwin y post Eduardo Frei, a mediados de los 90. Si bien democristianos y socialistas se han repartido el gobierno de la nación durante los últimos 20 años, sociólogos e investigadores de las diferentes universidades del país también relacionan la praxis de la política de vivienda que se ha venido aplicando hasta hoy a la vieja concepción que aún persiste de la dictadura al respecto.

Así, la arquitecta Camila Cociña aseguraba que “la actual política de vivienda surgió de la estructura de Estado subsidiario implementada en la dictadura, en que el Estado es básicamente un proveedor de subsidios y regulador, los ciudadanos son “consumidores” de vivienda que reciben un voucher por parte del Estado para cubrir su capacidad de pago, y el sector privado es el encargado de diseñar, construir, y administrar la producción de vivienda.”.

Dicha política de viviendas fue catalogada por años desde el gobierno como un verdadero éxito del país. Y es que entre 1990 y 2009 en Chile se redujo el desabastecimiento de viviendas de un 30 a un 9%. En el ámbito ministerial internacional de la vivienda, la veloz construcción de casas en Chile tuvo gran repercusión por entonces. Las familias se veían subsidiadas, las constructoras privadas obtenían grandes beneficios y el Estado cumplía con su función de garante. Sin embargo, tras tanto éxito, estaba creciendo a la vez un problema de gran magnitud. Los nuevos barrios se convertían a velocidad de vértigo en auténticos guetos, en zonas de excluidos, llegando a convertirse en algo tan insostenible que incluso algunos de ellos se convirtieron en espacios de gran peligrosidad tanto para sus habitantes como para los viandantes que pasaban por los mismos.

Por ello, precisamente en este verano de 2016, el ministerio de Vivienda y Urbanismo ha anunciado el bautizado como “Plan de Recuperación de blocks: segunda oportunidad”, que dará lugar a la demolición de algunos de ellos y a la transformación de los proyectos de vivienda elaborados hasta la fecha.

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Tras tal declaración oficial desde el Gobierno, resulta imprescindible realizarse la siguiente pregunta: ¿qué ha sucedido para que se deba desarrollar un proyecto millonario estatal que se basa en demoler y rehacer algo que el propio Estado comenzó hace poco más de veinte años? ¿Cómo puede desvalorizarse de tal modo un plan de vivienda como para que ni siquiera una generación llegue a vivir en las mismas?¿Cuánto dinero del contribuyente chileno, pobre, de clase media o de la élite económica, ha sido inútilmente despilfarrado?

A su vez, los “Fondos Solidarios de Vivienda” y las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), si bien nacieron cargadas de ideas y buenas intenciones, no se vieron plasmadas en el momento de ponerse a trabajar grupos vecinales y las entidades organizadoras. Se crearon diferentes instrumentos específicos de subsidio a la localización, los cuales colisionaron con el valor al alza del suelo en el mercado, y programas como el “Quiero mi barrio” que buscaban revitalizar socialmente los barrios menos favorecidos no cumplieron todas las expectativas que se esperaban.

En definitiva: viviendas pequeñas y de mala calidad, ausencia de espacios e infraestructuras públicas de calidad, vecinos que no se conocen entre sí, inexistencia de un proceso de creación de cohesión y capital social, familias con pocos recursos ubicadas en la periferia de la ciudad sin acceso a servicios básicos, barrios que aglomeran sólo a personas excluidas, puertas cerradas al acceso a oportunidades laborales, educativas y sociales… No es difícil hacerse la idea de que barrios con estas cualidades vivan un proceso de degradación que desemboquen en guetos excluidos y estigmatizados. Desde Bajos de Mena en la ciudad a cientos de barrios fuera del cono oriente de Santiago, los ejemplos son numerosos y desconocidos para quienes apuestan por seguir tales políticas públicas en las que el Estado subsidiador da mucho y malo, y quienes poseen un alto poder adquisitivo se ahorran el tener que ver la cara a los pobres.

Por último, se ha de añadir que dicho programa de recuperación, a pesar de haber mostrado una gran ineficiencia administrativa y gubernamental por los hechos anteriormente  mencionados, cuenta con el apoyo y los buenos ojos de quienes incluso, en esta materia tan específica, fueron detractores en su día de la creación de los primeros blocks, ya que aseguran contar hoy la política de vivienda con un mayor blindaje en cuanto a la calidad de las mismas, los espacios públicos ya construidos, el ajuste de los subsidios y la mayor concreción en cuanto a las demandas sociales y vecinales se refiere.

Entre tanto, la problemática persiste en una de las ciudades más importantes del continente que mayor volumen económico e institucional posee a su vez para poder dar luz a la negrura social de la desigualdad sociourbana y residencial que ha dado impulso a Muros en Silencio.

Próxima parada: Caracas.

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Alejandro García Maldonado

Licenciado en Derecho, ha colaborado en diversos medios como El Confidencial, Claridad Digital, El Turbión, El Importuno y Cubainformación. Autor de las obras "Testigos cegados" (2011) "Transcripción del Manifiesto Comunista" (2012), "Al resguardo del tilo rojo" (2014), "Tra due anime" (2015) y "Son de Lirios" (2016). Ha realizado estudios sobre proyectos biográficos coordinados por la Bernard Lievegoed University y dirige el proyecto literario "Etreso Biografías". Actualmente realiza un "Postgraduate Diploma of Journalism" dirigido por el National Council for Training of Journalist e impartido por la University of Strathclyde.
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