17 de octubre del 2017
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El Gobierno ha lanzado un plan de carreteras de 5.000 millones con inversión privada que, según propone, pretende reactivar la obra pública, actualmente en mínimos, y hacerlo supuestamente sin recurrir al déficit público, además de crear puestos de trabajo. Aunque pueda sonar bien, tras un mínimo análisis, mantengo que lo que esconde este plan y su principal objetivo es beneficiar a determinadas empresas “que lo han pasado mal” tras el fin de las burbujas inmobiliaria y de infraestructuras, es decir, que sólo han ganado menos dinero. 

Aunque la malla de autovías y carreteras que tenemos, en términos generales, es más que suficiente, estamos por encima de la media europea en kilómetros por habitante, es cierto que algunos territorios menos dotados sí que requerirían algo de inversión. Lo que también es necesario en todo el ámbito territorial es el mantenimiento y mejora de toda la infraestructura ya existente. Y este es un apetitoso pastel que nuestro presidente ha puesto sobre la mesa estos días y que hábilmente pretende presentarnos como un buen negocio para las arcas públicas.

Es un hecho que las necesarias mejoras y mantenimiento de vías, se han visto muy mermados durante estos últimos años y que es imprescindible dedicar recursos económicos a ello, y en principio este plan está preferentemente pensado para este fin, de mantenimiento y mejora y hasta ahí estaría de acuerdo. 5.000 millones de € son muy pocos millones para hacer 2000 km de autovía y autopista nuevas, así que esta inversión difícilmente estará dirigida a nuevas autovías o autopistas aún más caras; y aún tenemos fresco el rescate a las radiales de peaje en Madrid.

Viñeta de Malagón sobre los diferentes rescates del gobierno.

En cambio, el plan incluye actuaciones en, al menos, 20 corredores del país que abarcarán buena parte de esos 2.000 kilómetros de infraestructuras.  Aunque esos corredores no se especifican, la propuesta escondida en este plan es dar una concesión por 30 años para la mejora y mantenimiento de esos 2.000 km de infraestructuras, en buena parte carreteras ya existentes.  Hago una apuesta segura si digo que esos 2.000 km incluirán las vías más usadas y rentables. ¿Quién invertiría dinero privado en una carretera de montaña del Norte de León?

De este modo el ministerio de Fomento de este gobierno, con este plan, hipoteca a los próximos gobiernos que deberán pagar a las empresas concesionarias anualmente 350 millones para este fin. Así que las empresas adelantan un 20% del coste de la mejora y, a cambio, el gobierno les dedicará fielmente esos 350 millones/año actualizados, durante 30 años, ¡buen negocio! No es de extrañar la satisfacción de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN). A esto Rajoy, el señor de las palabras, lo llama “pago por disponibilidad” y lo contrapone al “pago por demanda”, pero al final resulta ser una hipoteca para las arcas públicas, y habrá que comprobar que no contengan cláusulas abusivas, como ya hemos visto, en casos que estamos pagando ahora. Lo que se pretende pues, es externalizar el mantenimiento y mejora de 2000 km de las infraestructuras existentes, las más viables económicamente, a cambio de una inversión inicial de las empresas del 20% del coste de la primera actuación que vayan hacer.

No es la primera vez que esta colaboración público-privada ha sido un error; por ejemplo el Tribunal de Cuentas de Andalucía reconoció que la experiencia público-privada fue nefasta para las arcas andaluzas: En un informe desvelaba hace un par de años los sobrecostes de esta fórmula público-privada para los Metros de Sevilla y Málaga, 2.500 millones de € en total en sobrecostes.

Significativa comparativa que elaboraron en El Blog Salmón.

Es evidente que ninguna concesionaria dará este servicio público sin conseguir con ello un buen beneficio y es lógico. Pero conviene que nos preguntemos si, como ciudadanos, estamos dispuestos a pagar por esas mejoras y ese mantenimiento durante todo ese tiempo. Y quedan algunas preguntas inquietantes sin contestar: ¿Cómo se revisarán y fiscalizarán los trabajos y obras realizadas anualmente?, ¿Qué pasará si esas carreteras dejan de ser usadas en 20 años?, ¿Estamos seguros que el modelo de transporte actual por carretera es sostenible durante 30 años con el pico del petróleo sobrepasado?

Otra falacia que derribar: Se dice que pueden generar unos 189.200 empleos, pretendiendo que el sector de la construcción se incorpore y contribuya a la “senda de recuperación económica” y generación de empleo. Pero los hechos son tercos en otro sentido: a poco que se tengan en cuenta todos los impactos, no hay evidencia de la existencia de un vínculo automático entre el crecimiento de infraestructuras de transporte y el desarrollo económico o la creación de empleo. Hay un importante cúmulo de trabajos y estudios que llegan a estas conclusiones.

Es falso que con este plan no haya coste, aunque pueda no computar como déficit y suponga puestos de trabajo. Sí tiene coste, lo tiene ahora y lo tendrá en los próximos 30 años. Aunque no aparezca como deuda pública, puede suponer una nueva burbuja, oculta de momento. Por otro lado, y en relación a la creación de empleo: los puestos de trabajo que se generaran con esta actividad habría que compararlos con los que se generarían aplicando otros modelos de gestión y movilidad que no nos hipotecaran 30 años. El cambio de modelo es urgente y se debería plantear cuanto antes.

 

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Carmen Molina

Coportavoz EQUO Andalucía y diputada en el Parlamento Andaluz

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