25 de septiembre del 2017
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Frente a las voces que repiten que las medidas que propone Podemos no son realistas, sino fruto del “populismo”, la dirección estatal de Podemos se ha propuesto concretar su programa económico. Con este objetivo se podían haber establecido varias estrategias políticas. Por ejemplo, podría haberse marcado una hoja de ruta con medidas a corto, medio y largo plazo que nos permitieran alcanzar las propuestas recogidas en el programa electoral con el que nos presentamos a las pasadas elecciones europeas de Mayo. La dirección de Podemos ha decidido plantear un enfoque posibilista a corto plazo reflejado en el documento ‘un proyecto económico para la gente’, encargado a los economistas Juan Torres y Vicenç Navarro. Este escrito es, según sus autores, “el diagnóstico, las líneas estratégicas de actuación y propuestas concretas de gobierno a llevar a cabo en el marco de una legislatura como parte de un proyecto de profunda transformación social”.

Es interesante el análisis que se hace de la situación actual en este documento, especialmente cuando se afirma que “los datos indican que no es cierto que se esté produciendo la mejora económica que las autoridades afirman que se produce en la economía española. Nuestra situación económica es de emergencia y estamos ante el riesgo cierto de sufrir 15 o 20 años de desempleo masivo, de deuda impagable y de recortes de gasto que nos llevarían a una extraordinaria precariedad y a conflictos sociales tremendos”.

El documento ordena las medidas propuestas en 4 epígrafes: “Garantizar financiación suficiente y a coste adecuado para empresas y familias”, “Generar demanda efectiva e ingresos para poder crear empleo suficiente y decente”, “Hacer sostenible la deuda”, y “rescatar a las personas y garantizar el bienestar y la calidad de vida de toda la población”.

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Se proponen medidas que suponen, en general, un avance respecto a la situación actual. Por ejemplo, en el plano laboral se apuesta por un “incremento del salario mínimo y establecimiento de máximos en la diferencia entre los salarios más elevados y el salario medio en las empresas”, la “derogación de la reforma laboral que no ha servido para crear empleo sino solo para aumentar la desigualdad desequilibrando las relaciones laborales a favor de la gran patronal”, una “ley de las 35 horas de jornada semanal máxima con cómputo semanal y eliminación de los actuales incentivos a las horas extraordinarias y a jornadas largas que son un freno a la productividad y a la corresponsabilidad” y por la “eliminación de los incentivos a la contratación a tiempo parcial no voluntario y evitar la feminización de los contratos a tiempo parcial”.

Hay otras medidas muy interesantes a corto plazo como el acabar con la pobreza energética eliminando “sobrecargas procedentes de precios de monopolio en sectores como la electricidad, energía, telecomunicaciones, financiero y otros servicios básicos”, asegurar el derecho a una vivienda mediante la “elaboración de una ley de Vivienda que garantice el ejercicio del derecho constitucional a disfrutar de ella” y, a nivel financiero, la “creación de banca pública y bancos ciudadanos de interés público sujetos a condiciones estrictas que garanticen su sometimiento al anterior principio y al control ciudadano”, una “tasa reducida sobre todo tipo de transacciones financieras” y una “tasa sobre las operaciones de compra y venta en el mercado bursátil progresiva […] para gravar esencialmente a las de mayor componente especulativo”.

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Manifestación contra la reforma laboral en La Coruña

Respecto a algunas medidas de avance social se echa de menos una mayor concreción, ya que se trata de un documento de medidas a corto-medio plazo. Por ejemplo, se habla “del objetivo de universalización del derecho a la educación infantil pública desde los cero años, con el compromiso de elaborar un plan para su implantación progresiva” y del “establecimiento del objetivo de la cobertura universal de las necesidades de atención a las personas dependientes por parte de los servicios públicos”, pero no se especifica en cuánto tiempo se planificaría la implantación total de estos servicios sociales, a los que convenientemente se apunta como oportunidades para la creación de empleo. También se dice que “hay que acabar con los recortes en ciencia y tecnología que se han producido”. ¿En qué y cómo se concreta esto?

En otros campos, las propuestas de este documento suponen retrocesos importantes respecto a lo recogido en el programa de las elecciones europeas. Quizás, el más importante de los retrocesos es el relativo a cómo enfrentar el problema de la deuda soberana por lo que conlleva de ruptura democrática y de capacidad financiera para poder desarrollar muchas de las medidas propuestas. El programa a las Europeas recogía una “auditoría ciudadana de la deuda pública y privada para delimitar qué partes de éstas pueden ser consideradas ilegítimas para tomar medidas contra los responsables y declarar su impago. Reestructuraciones del resto de la deuda y derogación del artículo 135 de la Constitución española con el objetivo de garantizar los derechos sociales frente a los intereses de los acreedores y los tenedores de la deuda”. Ahora se mantiene la “eliminación de la reforma del artículo 135 de la Constitución”, pero ya no se habla de “deuda ilegítima” y su impago, limitándose a afirmar que “es preciso plantear en Europa que la reestructuración de las deudas, especialmente de los países de la periferia, no es una propuesta caprichosa sino el resultado de una estrategia cooperativa que resulta mucho más favorable que la impuesta hasta ahora y que puede terminar con una crisis mucho más grave y generalizada”. En este marco se propone únicamente “la renegociación de tipos de interés, periodos de carencia, plazos de vencimiento y amortización o condiciones de quitas parciales”. Y llega a afirmarse que “es imprescindible que la sociedad española […] sea consciente de los costes y sacrificios que quedan por delante como consecuencia de las políticas que se han venido realizando en los últimos años o de decisiones anteriores no suficientemente meditadas y debatidas, como la entrada en el euro o la aceptación del Tratado de Maastricht y otros sucesivos y de los que nació una buena puerta de la deuda actual y nuestra casi nula capacidad de maniobra frente a ella”. Así, se le pide a la gente trabajadora que haga “sacrificios” para afrontar decisiones anteriores antidemocráticas, mensaje nada rupturista en el que resuena el discurso de la “casta”.

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Parlamento Europeo

Cuando el documento de Torres y Navarro trata el problema de la deuda pública lo conecta, de manera acertada, con la Unión Europea (UE), el euro y el Tratado de Maastricht. Sin embargo, cuando se establecen medidas de cara a nuestro papel en Europa ni siquiera se debate la oportunidad de abandonar el euro. En un documento que quiere ser realista es cuando aparecen las propuestas fundamentales más difíciles de llevar a cabo como “que el gobierno español promueva y alcance cuanto antes acuerdos estratégicos con los de otros países europeos para que se puedan cambiar las condiciones de gobernanza actuales del euro” y así modificar “los estatutos del Banco Central Europeo para que entre sus fines se encuentre el pleno empleo” y realizar una “coordinación de las políticas fiscales con el objetivo de avanzar hacia una auténtica Hacienda Europea y de las políticas económicas para poder lograr pleno empleo a nivel europeo” y poner “en marcha un amplio plan de reformas legales e institucionales e inversiones orientadas a reforzar y expandir los derechos laborales, sociales, cívicos y políticos en la Unión Europea”. Realmente parece poco realista pensar que la UE, una construcción al servicio del gran capital desde sus orígenes, puede ser controlada por gobiernos progresistas (¿en Grecia y el Estado español?) echando a un lado a los gobiernos de las economías centrales como Francia, Alemania y Reino Unido. Y esta toma de Europa se plantea en un contexto de crisis económica global en el que los capitales europeos necesitan más que nunca explotar a la gente trabajadora y su medio ambiente. Frente a las medidas recogidas en el documento de Torres y Navarro con respecto a la deuda y la UE, creo que es mucho más consecuente, rupturista y realista, dada la situación actual, el apostar por el impago de la deuda y la salida del euro, contando así con una política monetaria propia y fondos públicos suficientes para una salida real y desde abajo de la crisis.

Al igual que en el enfoque respecto a la UE y el euro, también existen contradicciones importantes en el documento de Torres y Navarro en otro tema clave y muy sensible para el futuro, la relación del sistema socioeconómico y nuestro entorno, la política ambiental. Acertadamente se priorizan las inversiones públicas en función de sus impacto sociales y ambientales. Así se apuesta por acabar con “grandes obras inútiles y depredadoras del medio ambiente” analizando que “es evidente que asumir con carácter inmediato este compromiso de anular ciertas inversiones […] a costa de otras […] con un posible menor rendimiento económico inmediato si éste se sigue midiendo como crecimiento del PIB, o incluso la pérdida de empleos en algunos subsectores. Pero también lo es que tiene otros aspectos positivos y esperanzadores pues el uso alternativo de los recursos que se dejen de utilizar […] serán sumamente rentables desde el punto de vista empresarial, del empleo y el beneficio social”. Al mismo tiempo, se apuesta por las energías renovables (¡aunque no se citan directamente!) “en la línea que se está imponiendo en los países más avanzados de nuestro entorno” y se esboza la idea de cambiar de base del sistema productivo pues “la economía española no puede volver a 2007, para sostenerse de nuevo sobre la agresión constante al medio ambiente y el despilfarro de recursos”. El problema viene cuando se habla de “aumentar el gasto privado y público en nuevas formas de consumo sin promover consumismo y abriendo nuevos yacimientos de inversión sostenible”. Por un lado, no se especifica qué es eso de promover “nuevas formas de consumo sin promover consumismo” y a qué “yacimientos de inversión sostenible” se refieren. Por otro lado, y más importante, Torres y Navarro no diferencian entre los impactos socioambientales que se originan por el consumo de las familias directamente (cerca del 10%) de los derivados directamente de la producción (el 90% restante). Al no hacer esta distinción se preocupan por el “consumismo” pero no por el “productivismo” ineficiente, apostando por una “inversión empresarial sostenible” sin hablar claramente de los límites y las formas de crecimiento. Ese, según parece, sería el papel de “un organismo independiente que actúe como Defensor de las generaciones futuras con capacidad para impedir que las decisiones económicas actuales se adopten sin contemplar su efecto sobre la vida futura en nuestro planeta o sobre el bienestar y la felicidad de la población futura”. ¿Qué forma de funcionamiento y qué capacidad de decisión y mando tendría este nuevo organismo?

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Torres y Navarro. Foto: ElEconomista.com

En general, las medidas económicas presentadas por Torres y Navarro nos sitúan ante un intento de recuperación de la política socialdemócrata clásica con “una gran dosis de pragmatismo”, según los autores, mediante medidas que “o bien existen ya en otros países o han sido defendidas por organismos internacionales”. Sin embargo, estas políticas económicas socialdemócratas fueron abandonadas por el PSOE en el gobierno en los años ochenta, aceptando el mantra del neoliberalismo. ¿Es realista plantear ahora, en plena crisis económica y ecológica internacional y en el seno de una UE desigual en un mundo globalizado, políticas socialdemócratas al tiempo que se apuesta por pagar la deuda pública? Me temo que no, que para poner realmente los pies en el suelo y evitar “el fraude intelectual que tan a menudo han cometido los dirigentes del PSOE y del PP” hay que apostar desde ya por el impago de la deuda ilegítima, por medidas decrecentistas y por la salida del euro y la UE. Solo así podremos responder a nuestras necesidades, las necesidades de la gente de abajo.

En todo caso, veo urgente que desde Podemos recojamos claramente y como horizonte de trabajo a medio-largo plazo las demandas de fondo de los movimientos sociales, cosa que no hace el documento discutido. Sin duda, se puede ir más allá de lo recogido por Torres y Navarro, pero esto no dependerá solo, ni principalmente, de los dirigentes de Podemos. El avance social dependerá de la correlación de fuerzas entre la gente que lucha en las calles y los centros de trabajo, y el 1% más rico. Hasta dónde podamos llegar dependerá de la gente que de manera organizada y democrática conquista sus derechos luchando construyendo el mundo del futuro. Será esa gente trabajadora la que deba controlar a los gobiernos de Podemos, al tiempo que los defiende frente ataques reaccionarios. Ahí, en las luchas de los movimientos sociales, especialmente en los centros de trabajo, están las opciones reales de ruptura democrática.

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Profesor de Ecología, delegado del S.A.T. en la Universidad de Sevilla y miembro del círculo Macarena y miembro del Colectivo Acción Anticapitalista.
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