19 de octubre del 2017
La Réplica La Réplica La Réplica La Réplica La Réplica



Andalucía es un ejemplo paradigmático de las desastrosas consecuencias de un gobierno ininterrumpido durante más de tres décadas de la casta política, en este caso representada por el PSOE-A, y la casta económica, con los grandes terratenientes a la cabeza. Y nuestro medio ambiente no ha quedado al margen de este desastre. Detrás de una situación de emergencia social muy grave, por ejemplo, con un desempleo superior al 34% y un 40% de la población en riesgo de caer en la pobreza y la exclusión social, se oculta un entorno machacado que nos ofrece una calidad ecológica muy baja. Esto, obviamente, tiene consecuencias negativas para la salud y la calidad de vida de la mayoría de la población andaluza.

Baste con recordar el “tsunami urbanizador” que destrozó nuestras costas, la actividad minera, con el “accidente” del río Guadiamar a la cabeza, que contamina aguas y suelos en las provincias de Sevilla y Huelva, los polos químicos de Huelva y Algeciras y las enfermedades asociadas en poblaciones limítrofes, el caos circulatorio y la baja calidad ecológica de las grandes ciudades andaluzas, o la desolación de un paisaje agropecuario destrozado por monocultivos de exportación en la mayor parte de nuestras tierras agrícolas. Una degradación ambiental tan extendida que condena a nuestros espacios naturales protegidos a ser islas asediadas por un “efecto borde” degradante procedente de sus periferias que cada vez es menos “borde” conforme se interna en lo más profundo de nuestros ecosistemas más valiosos.

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El parque natural de Doñana

 

Por si décadas de destrucción de nuestro patrimonio natural no fueran suficientes, las castas política y económica andaluzas apuestan ahora por la degradación ambiental para salir de la crisis, con proyectos insostenibles como el dragado de profundización del río Guadalquivir, la apertura de nuevas explotaciones mineras en manos de multinacionales, la reactivación del sector de la construcción en la misma senda desastrosa que nos trajo hasta aquí, o prospecciones de fracking. El argumento para defender estos y otros proyectos que hipotecan el presente y el futuro de la población trabajadora andaluza es que generarán empleo. Vuelven a someternos al chantaje para que elijamos entre empleo o medio ambiente de calidad, como si no quisiéramos y pudiéramos tener ambas cosas. La misma casta que condenó a Andalucía al subdesarrollo y la subalternancia política quiere, ahora, que, en una segunda transición en la “que cambie todo para que nada cambie”, la gente trabajadora paguemos, también en el plano ambiental, una crisis que no hemos provocado.

En este contexto, necesitamos una ruptura democrática profunda en la política ambiental andaluza, al igual que en la política social y económica. Esta ruptura democrática y  ambiental, basada en la participación popular directa y decisoria, debería estar basada en cuatro pilares fundamentales con el doble objetivo de crear empleo y un entorno de calidad en nuestra Andalucía y ahora:

En primer lugar, rechazar, con el principio de prevención como bandera, aquellas prácticas cuyas consecuencias ambientales no son conocidas en profundidad o, directamente, son perjudiciales para la mayoría de la población. Cabe destacar la declaración de Andalucía como tierra libre de cultivos transgénicos, de incineradoras, de grandes urbanizaciones turísticas en zonas de alta calidad ecológica, de almacenes de residuos radiactivos, tóxicos o peligrosos, de pozos ilegales y de fracking, la limitación del monocultivo para exportación, la clausura de los núcleos productivos más contaminantes al mismo tiempo que generamos empleo diversificando el tejido productivo (ver más adelante), y la paralización de proyectos faraónicos insostenibles como el dragado del Guadalquivir o nuevas explotaciones mineras.

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Andalucia necesita una reforma agraria. Foto: andalucesdiario.es

 

En segundo lugar, es imprescindible una reforma agraria que sociabilice el uso de la tierra de los grandes terratenientes al mismo tiempo que  impulsa decididamente un plan de diversificación, restauración y mejora ambiental del paisaje agropecuario andaluz. La explotación de nuestros campos agrícolas y ganaderos debe tener como objetivo la soberanía alimentaria y laboral de nuestro pueblo, y estar basada en la recuperación, la conservación y el máximo aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos (de regulación, culturales y avituallamiento) que nos ofrece la Naturaleza. El aprovechamiento de los servicios ecosistémicos mediante la diversificación del paisaje conllevaría costes económicos de actuación muy bajos y una disminución de los impactos derivados de las explotaciones agropecuarias (“externalizaciones” como la contaminación de aguas superficiales y subterráneas), lo que globalmente significaría ahorros para las arcas públicas, y privadas. Para esto es imprescindible hacer cumplir legislaciones existentes como la Ley de Aguas, respetando al Dominio Público Hidráulico, y generar nueva legislación y una vigilancia adecuada que aseguren la diversificación y la protección del paisaje agropecuario con elementos como bosquetes, setos perimetrales, sotos, paredes de piedra, acequias, huertas, vías pecuarias, etc. Estas actuaciones tendrían que ser especialmente intensas en las zonas ocupadas actualmente por grandes extensiones de monocultivos (herbáceos y arbóreos), y en las proximidades a espacios naturales protegidos y núcleos urbanos. Los elementos lineales del paisaje deberían actuar como corredores ecológicos entre zonas de mayor calidad ecológica, evitando así su aislamiento, así como zonas de esparcimiento y disfrute de la naturaleza. Éstas serían solo algunas de las mejoras ambientales, sociales y económicas de la diversificación de nuestro paisaje agropecuario, las cuales no tendrían sentido, y posiblemente sean irrealizables hasta sus últimas consecuencias, sin la justicia social que conlleva una reforma agraria que ponga la tierra de los grandes terratenientes en manos públicas y al servicio de cooperativas jornaleras.

En tercer lugar, hay que diversificar el tejido productivo para descarbonizar la economía, fomentar una economía más local, la soberanía alimentaria y la transformación in situ (aportando valor añadido) de nuestros productos silvícolas y agropecuarios. Esto significa crear toda una red de centros de transformación de productos agrícolas, silvícolas y ganaderos (arroz, remolacha, maíz, cereales, verduras, corcho, maderas, productos apícolas, setas, espárragos, higos chumbos, cítricos y otras frutas, algodón, aceitunas y aceites, lana, leche, carnes, etc.) que al mismo tiempo que generan empleo en el medio rural respeten la capacidad de nuestro entorno de autogestionar sus impactos ambientales. Es decir, el problema no es impactar en nuestro medio (cosa que no podemos evitar) sino hacerlo sin desbordar su capacidad de autoregeneración. A esta red de transformación in situ de nuestra producción agropecuaria debería acompañarla el fomento de otras dos redes socioeconómicas y ambientales, ya existentes: Una red de turismo rural de calidad al alcance de todas, siempre con criterios de sostenibilidad ambiental y social, y una red de producción centralizada (en grandes núcleos) y descentralizada (en hogares y pequeñas explotaciones) de energías renovables (solar, eólica, mareo y undimotriz, y de biomasa). Al mismo tiempo que se potencian estas tres redes productivas, generadores de empleo y calidad ambiental, habría que ir cerrando los núcleos fabriles y extractivos más contaminantes en Andalucía.

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El turismo costero y rural debe ser revisado

 

Como vemos, una vez que sabemos lo que claramente no queremos, la política ambiental podría tejerse en forma de redes que vertebren el paisaje ecológico, social y económico de Andalucía. Y para que esta vertebración sea una realidad habría que dotar a nuestra tierra de un sistema de transporte de mercancías y movilidad de pasajeros coherente. El poner en marcha una transición hacia una económica más local y soberana disminuiría las necesidades de transporte. Además, a grandes rasgos, habría que potenciar (en detrimento del transporte en camiones y turismos privados) el transporte ferroviario público de mercancías y personas entre núcleos urbanos, el uso de la bicicleta y otros vehículos similares (especialmente dentro de los núcleos urbanos) y el de autobuses tanto entre como dentro de los núcleos urbanos.

Las redes productivas verdes planteadas deberían contar con un elevado grado de autogestión por la gente trabajadora local, tanto en su construcción como en su funcionamiento. Esta participación popular, desde los inicios, debería asegurar el mantenimiento de estas infraestructuras así como el reparto de las riquezas que se generasen.

Muchas medidas de política ambiental muy interesantes quedan fuera de este texto, y de  estos cuatro grandes objetivos, pero aún así el saber lo que no queremos, y contemplar como prioridades el diversificar y mejorar ambientalmente nuestras zonas agropecuarias y nuestro tejido productivo y de transporte en pro de una sostenibilidad real son una base clave para una política ambiental de la “gente de abajo” en Andalucía. Como vemos, la política ambiental de nuestra tierra no debe, ni puede, desvincularse de nuestra política económica y social, y todas deben tener presente la necesidad de un decrecimiento controlado derivado de nuestra consciencia de los límites al crecimiento del sistema económico y su huella ecológica.

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Profesor de Ecología, delegado del S.A.T. en la Universidad de Sevilla y miembro del círculo Macarena y miembro del Colectivo Acción Anticapitalista.
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    Una Réplica

  1. Alberto

    En líneas generales coincido con la mayoría de las propuestas que se indican en el artículo. La mayoría de sentido común en busca de una mejora medio ambiental y agraria a largo plazo.
    En Andalucía el sector primario es de vital importancia y debería ser el motor de nuestra económia, deberíamos ser la huerta de Europa. Con nuestras condiciones climatológicas sería ideal basándose en un consumo de energías renovables o de bajo impacto. Si algo nos sobra es Sol. Me resulta muy curioso como paseando por Inglaterra puedo ver más paneles solares que en mi tierra.

    También me vienen a la cabeza ciertas interrogantes que no sabría como atajar a corto o medio plazo.

    – Las limitaciones agrarias que nos impone Europa y que gracias a una falta de hacerse valer por parte de nuestros políticos en Europa nos limitan la que debería ser la piedra angular de nuestra riqueza. Porque aunque nos suene muy lejano, lo que se firma en Bruselas nos afecta y mucho.

    – Los terratenientes. Tema delicado en Andalucía donde la mayor parte de los terrenos agrarios o forestales son de titularidad privada desde tiempos anteriores a la democracia. Son un gran lastre hacia la mejora de técnicas y métodos agrícolas pues lo único que se busca es la ayuda económica por sus hectáreas generalmente poco productivas y que aportan pocos puestos de trabajo.

    – Conectar a las poblaciones rurales con un beneficio procedente del medio forestal o agrícola. Si hablamos de ese término “gestión sostenible” es fundamental que los ciudadanos perciban una mejora directa de sus vidas (jornales, disminución de impuestos locales por beneficios de tierras comunales,…) involucrar a la población es la forma de conseguir la sostenibilidad. Esto es algo que el norte de España existe en algunos lugares y su viabilidad está comprobada. En Andalucía es algo anecdótico.

    -El tiempo. Cualquiera que se dedique al sector agro-ambiental conoce que el tiempo es fundamental y normalmente responde a periodos largos. Los cambios estructurales se consiguen a largo plazo y en una comunidad como Andalucia con 9 mill. de habitantes y los niveles de paro que existen la paciencia es limitada. Este punto está muy relacionado con el anterior.

    – La vuelta al medio agrario y forestal. Hoy día gracias a la crisis y falta de oportunidades muchos jóvenes se plantean vivir en medios rurales y emprender negocios “verdes”. Pero realmente existe un sector amplio de población dispuesto a vivir del sector agro-forestal, entendido como economía local. O si la demanda de puestos de empleos semi-cualificados aumentan de aquí a cinco años volverán a los núcleos de población de donde vinieron. La vida en la agricultura, ganadería o el sector forestal es muy dura y en una oficina no se pasa frío ni calor.

    Eso sí, coincido en la necesidad del cambio de modelo no solo en Andalucía ya que en mi opinión, el resto de España tampoco se encuentra en mejores condiciones.

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