21 de agosto del 2017
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El 20 de junio es el Día Mundial de los Refugiados, fecha en la que se conmemora el aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 aprobado en Ginebra. Han pasado más de 60 años y el fenómeno migratorio es un problema de primera magnitud a escala global: en la actualidad más de 65 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares por distintas causas como la guerra, la violencia, el hambre, la persecución por motivos climáticos, de raza, religión, ideología, orientación sexual… Miles de ellos fallecen en el camino, solo en el Mediterráneo se han ahogado 1.300 personas en 2017.

Ante fenómenos globales, las soluciones también deben ser globales: trabajar por la paz, la sostenibilidad, el desarrollo y el fortalecimiento de la democracia para reducir las necesidades de huida de la población.

Actualmente, los ayuntamientos no tienen competencias para modificar las políticas internacionales, pero sí la responsabilidad de ser una ciudad humana, de ser una ciudad que apoye la acogida e integración de las personas que llegan a nuestro país. Por ejemplo, en septiembre de 2015 el Ayuntamiento de Madrid aprobó una declaración institucional de apoyo;  desde entonces el foco de atención de la opinión pública se ha puesto en las cuotas de refugiados que se encuentran en la frontera griega principalmente y cuántas personas deben acoger los estados. Pero ¿Qué pasa con el resto? Miles de personas que huyen de la guerra están entrando en nuestro país por otras rutas, principalmente Ceuta y Melilla y, al quedar fuera de los cupos, acaban en situación de vulnerabilidad social y en procesos administrativos pensados para otros colectivos, lo que infringe los tratados internacionales de protección de los DD.HH firmados por España. Muchas terminan encerradas en CIE, sin opción de obtener la tarjeta de refugiado o de reagruparse familiar en otros países de la UE.

Unos CIE, como el de Aluche, cuya existencia no tiene sentido, los internos se encuentran privados de libertad por faltas administrativas, no penales. El problema es la pobreza, no la inmigración.

En Madrid el compromiso está claro, pero queda mucho por hacer. Lo primero, el cumplimiento por parte del Gobierno Español de los compromisos adquiridos con la Unión Europea, como exigieron miles de personas el pasada sábado en la calle. Sin embargo, esta desidia gubernamental choca con la solidaridad de la ciudadanía madrileña que ha mostrado su compromiso hacia las personas refugiadas organizándose en redes de apoyo o de acogida a las personas refugiadas, como Refugio por Derecho y Queremos Acoger Ya, de las que Equo es miembro.

Por eso, pedimos a los ayuntamientos que no les den de la espalda y se conviertan en ciudades de acogida y hagamos políticas más inclusivas con el firme convencimiento de que las personas no son ilegales y tienen derecho a tener una vida digna en cualquier parte del mundo.

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Cloti Cuellar

Coportavoz de EQUO Madrid y concejala en Arganda.

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