19 de octubre del 2017
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El mes de mayo ha sido el elegido por el Ministerio de Educación para la celebración de las reválidas de 6º de Primaria en las respectivas comunidades autónomas del Estado. De ellas, las cinco gobernadas por el PP (Galicia, Madrid, Castilla y León, Murcia y La Rioja) aplicarán el modelo establecido por el Gobierno; las ocho comunidades gobernadas por el PSOE (Aragón, Asturias, Andalucía, Baleares, Extremadura, Cantabria, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana), han anunciado la realización de una prueba distinta y otras tres (Navarra, Cataluña y Canarias) optarán por un modelo propio. Sólo el País Vasco será el único territorio en el que no se realizará ningún sistema de evaluación en este curso.

De regulación estatal, la tan polémica reválida de 6º de Primaria se articula a través de tres pruebas en: comunicación lingüística (tanto castellano y lengua cooficial como inglés), competencia matemática y en competencias de ciencia y tecnología. Según el Marco General de la Evaluación Final de Primaria, realizado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), hay un mínimo de 40% de preguntas de opción múltiple (es decir, tipo test) y un mínimo del 20% de preguntas de respuesta construida, semiconstruidas y abiertas. Cada competencia tendrá hasta un número aproximado total de entre 35 y 50 preguntas, luego habrá en total entre 140 y 200 preguntas. En cuanto a las calificaciones la comprensión y expresión oral tienen, de hecho, el 35% del peso en la nota, mientras que la comprensión y expresión escrita cuentan el 65%. En Inglés, lo oral cuenta el 40% de la nota y lo escrito, el 60%. Los exámenes serán corregidos por personal externo designado por las diferentes comunidades autónomas.

Renuentes a este modelo de reválida, las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE han propuesto un sucedáneo como alternativa para así evitar ser llamadas al orden como insumisas a la norma estatal, sustituyendo las pruebas por informes individualizados, supervisados (eso sí) por una comisión externa, y realizados por los propios maestros de los centros en vez de por personal externo. Es decir, una maniobra de maquillaje político sin mayor trascendencia.

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Hemos de recordar que la LOMCE contempla que el alumnado se someta a tres reválidas al término de cada etapa educativa preuniversitaria (primaria, secundaria, bachillerato), con objeto de medir las competencias educativas adquiridas y poder encuadrarlo dentro de los “estándares de calidad” que manejan entidades supranacionales no representativas de carácter económico como la OCDE. De hecho, en 24 de los 34 países integrantes de la OCDE ya se realizan este tipo de pruebas externas y estandarizadas.

Aunque en el anteproyecto de la LOMCE la reválida de 6º de Primaria (12 años) tenía carácter decisorio, gracias a la presión de la comunidad educativa, esta prueba ha pasado a ser considerada de diagnóstico, por lo que no será necesario superarla para cursar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) pero podría condicionar a los docentes a prejuzgar a los alumnos. Por el contrario, las reválidas de 4º ESO (16 años) y de 2º de Bachillerato (18 años), que comenzarán a hacerse a partir de 2017, sí tendrán carácter eliminatorio, debiéndose superar para poder seguir estudiando.

Todo ello supondrá que cualquier alumno que se precie, antes de cumplir la mayoría de edad, sea expuesto en tres ocasiones a pruebas externas excepcionales que dejan de lado la valoración de la adquisición progresiva de conocimientos a lo largo de una etapa. Como es lógico la preparación y la propia realización de estas pruebas llevarán aparejado un innegable aumento de la tensión, ante la posibilidad de un fracaso que se presenta como meramente individual, en el alumno y en sus familiares.

GRA340. MADRID, 26/06/2015.- Iñigo Méndez de Vigo (d) recibe de su antecesor en el cargo, José Ignacio Wert (i), la cartera como nuevo ministro de ministro de Educación, Cultura y Deporte, en un acto celebrado esta tarde en la sede del Ministerio en Madrid. EFE/Zipi

Según el Ministerio de Educación, dentro de las competencias de las comunidades autónomas estará la publicación de los datos que arrojen estas pruebas (resultados promedios y niveles de rendimiento para cada alumno, grupo, centro y territorio considerado), poniendo en desigual competición a centros públicos y privados y/o a centros educativos con mayores recursos y alumnado de contextos socioeconómicos favorables con centros de alumnado procedente de entornos socieconómicos desfavorecidos.

La competitividad entre alumnos y centros es la piedra angular del espíritu de la LOMCE en cuyo preámbulo conceptos como competitividad, eficiencia, empleabilidad, flexibilización, racionalización o emprendimiento se emplean con enorme frecuencia, planteando un modelo pedagógico mercantilista en el que la oferta de estudios debe adecuarse, en último término, a la demanda laboral del mercado.

Es por todo lo expuesto que, durante este mes de mayo, todos los integrantes de la comunidad educativa, a través de sindicatos de profesores y de asociaciones de padres y madres de alumnos, están llamados a secundar movilizaciones que impidan la realización de estas reválidas o de sus sucedáneos. En nuestras manos está evitar que la escuela se convierta en un tubo de ensayo de prácticas neoliberales.

 

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Sara Madrigal Castro

Licenciada en Historia (2006), profesora de Geografía e Historia en Enseñanza Secundaria.
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