24 de junio del 2017
La Réplica La Réplica La Réplica La Réplica La Réplica



No se si alguna vez, en una circunstancia extraña o puntual, se han visto privados de su libertad. Es una sensación agobiante, nada agradable. En España hay muchas personas que viven cada día privadas de su libertad, presas en centros penitenciarios, castigadas por haber cometido algún delito. Son más de 61.000 personas. Demasiadas. Sería como si metiéramos a la ciudad de Zamora al completo entre rejas.

Según los datos facilitados por la ROSEP (Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario), la tasa de encarcelamiento en nuestro país está muy por encima de la media europea, la supera concretamente un 32%. Ocurre, sin embargo, que España no es un país especialmente delictivo. Esa ha sido una leyenda urbana asociada a los países del sur desde hace varias décadas, pero que no es real. De hecho, España es uno de los países más seguros de la Unión Europea, ¿lo sabían? Su tasa de criminalidad es más baja que la media europea, mucho menor que la de algunos países nórdicos donde duplican nuestros registros.

Traducido resulta que en España la tasa de encarcelamiento es alta, concretamente de 133 personas cada 100.000. La legislación española es severa. Se castiga a los delincuentes de forma contundente y dura, con penas largas o muy largas que hacen que nuestras cárceles estén cada día más pobladas y los presos sean cada vez más viejos. Si en España no tienes buenos abogados y has cometido algún delito puedes pasar mucho tiempo en la cárcel.

Los delitos que más se repiten tienen que ver con las drogas y con la seguridad vial (a menudo están entrelazados) pese a que pueda parecer que la infracción más repetida es el del robo de fondos públicos por parte del Partido Popular. No existen datos fiables acerca de la condición social de los presos, pero no es de extrañar que sean las clases populares las más castigadas. Resulta bastante obvio que en los focos urbanos más marginales y pobres se dispara la delincuencia.

Y ojo, porque si eres pobre y cometes un delito tienes un problemón. Las sentencias en España distinguen claramente entre pobres y ricos, entre oligarquía y pueblo, entre personas de izquierdas y de derechas, entre español y extranjero, entre mujer y hombre, etc. El sistema judicial está secuestrado por los conservadores y el sistema penal rezuma un clasismo lacerante. No está en el imaginario popular la concepción de la justicia española como un ente “justo”, valga la redundancia, sino como un aparato punitivo, represivo, inflexible, poco constructivo, cruel y sancionador al servicio de una élite con intereses muy claros.

El problema se agudiza si eres una persona inmigrante. No solo porque si cometen un delito tienen estadísticamente más probabilidades de ir a la cárcel, sino que si la eluden corren el riesgo de acabar en un CIE, que al fin y al cabo es lo mismo. Son flagrantes las irregularidades de las CIEs españolas. El propio fiscal de Extranjería calificó las condiciones de estos centros de “horripilantes”.

Por tanto, las personas que no gozan de trato de favor en el establishment judicial suelen sufrir castigos duros. El sistema tiene un carácter punitivo y ejemplarizante que, paradojicamante, recibe un enorme respaldo social. Es decir, la gente, al igual que la mayoría de los jueces, respalda que se castigue duramente a los delincuentes. Pero, ¿cómo castigarlos? Pues privándoles durante mucho tiempo de libertad. En el régimen penitenciario el recluso queda aislado y dependiente. No puede elegir casi nada: ni a que hora se levanta, ni a la que se acuesta, ni con quién comparten su vida ni cuando recibe las visitas. Reducen el individuo a la rutina. Ese es el método infalible del sistema penal español: La reclusión.

Y cabe aquí preguntarse si estos castigos son proporcionales, meditados, justos o constructivos. Si entre todos los agentes sociales podemos cambiar la dinámica.

Cabe preguntarse si el sistema penitenciario español está articulado para el que debería ser su fin principal: la reinserción en la sociedad de las personas internas, la reflexión, la prevención de futuros delitos, la pedagogía, la resiliencia y la redención de las que infrinjieron la ley.

Sencillamente no son estas las prioridades del sistema. Ni siquiera la de nuestros vecinos y vecinas. Cuesta oír hablar en conversaciones mundanas acerca de la cárcel y más aún sobre la reinserción. Es un tema casi tabú. Miramos hacia otro lado. Ofrecemos sobre el papel una segunda oportunidad, y decimos con dignidad que la reinserción se cumple. En la práctica el asunto no está tan claro, es mucho más complejo.

Un exconvicto queda marcado socialmente, estigmatizado, y acaba buscándose la vida como puede, entre el rechazo, la marginación y el complejo. Hay empresas con listas negras. Da la sensación de que quien ha pisado la cárcel jamás podrá pasar página. Jamás olvidará el delito cometido, que le perseguirá como una sombra. Siempre le quedarán secuelas psicológicas derivadas de su privación de libertad.

Se debe, insistimos, replantear las penas para hacerlas más equilibradas y constructivas. El Estado debe estudiar con detenimiento los delitos para que la prisión no sea el primer recurso, que por cierto, es el más fácil. Poniendo ejemplos, no es lo mismo traficar con drogas que estafar a alguien, cometer fraude fiscal o asesinar a una persona. Solo los delitos más graves deberían vincularse a la reclusión, no solo por el hecho en sí, sino porque esas personas pueden representar una amenaza para los que cohabitan con ella. Pero a buen seguro hay delitos que pueden pagarse con otro tipo de penas más constructivas.

En caso de delitos no graves se pueden desempeñar trabajos para la comunidad al más puro estilo de EEUU. En España existe esta opción, pero son excepciones que confirman la regla. No hay peor castigo para un corrupto que hacerlo bajar al mundo terrenal y trabajar como una currante normal. O inhabilitarlo de por vida. Existen reclusos con habilidades y aptitudes muy valiosas que podrían sumar en la sociedad. El Estado y los profesionales deben estudiar y consensuar iniciativas alternativas, opciones como la localización permanente, las multas o la reparación del daño. En definitiva, hacernos esta pregunta: ¿Qué otras acciones al margen de la privación de libertad nos interesan para conformar una sociedad mejor con personas que han cometido delitos?

Son los propios profesionales (funcionarios de prisiones, educadores, psicólogos, médicos, etc) los que cuentan que son muchas las personas que no deberían estar en la cárcel. También demandan falta de recursos, sobre todo a nivel humano. Demandan partidas presupuestarias mayores, pero no para ampliar las cárceles o la seguridad en las mismas, sino para engrosar los medios pedagógicos y psicológicos en una apuesta firme por la reinserción.

Cuando abordamos el tema de los centros penitenciarios conviene apartar nuestro disfraz de juez y practicar un sano ejercicio de empatía. ¿Cómo nos gustaría que nos trataran en una cárcel? ¿Qué derechos reclamaríamos? ¿Querríamos estar cerca de nuestra familia? ¿Vivir con dignidad? ¿Cultivarnos? ¿Sembrar para recoger otra oportunidad? ¿Tener el derecho a redimirnos? ¿A perdonarnos a nosotros mismos?

Seguro que nos gustaría que nos tratasen bien, salir cuantos antes y tener la oportunidad de olvidar, para siempre, esa horrible pesadilla.

Sentirnos personas y no un monstruo incomprendido.

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Periodista, fotógrafo y diseñador gráfico. Ha escrito en Diario de Cádiz, Rock Estatal, y El Club de los Imposibles. Es director de La Réplica. Participa en Ganemos Jerez.
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    2 Réplicas

  1. Francisco J. Martín

    Gran exposición. Es cierto que desde fuera se tiende a ver a todo el que entra como si no pudiese cambiar, entre otras cosas porque lo que mas aparece en TV son los casos difíciles.

Participa libremente y desde el respeto. Del debate nos enriquecemos todos.

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