21 de enero del 2020
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La frontera entre Venezuela y Colombia no es una frontera más. No se trata de una mera separación física entre dos países, a menudo difícil de percibir por la selva. Es una separación entre dos maneras diferentes de concebir la política en Latinoamérica, e irremediablemente, de entender cómo han de ser las relaciones como Estado frente al poderoso vecino del Norte.

Sin necesitar de medias tintas, únicamente hay que conocer el recorrido político de sus Jefes de Estado, así como de sus predecesores: mucho distan Uribe y Santos de Chávez y Maduro. Para bien o para mal, ya allá cada cual.

El pasado miércoles 18 de agosto se produjo un incidente que supuso “la gota que colmó el vaso” para el presidente Nicolás Maduro. Su respuesta al mismo, como ahora veremos, tiene un mar de diferentes interpretaciones. El incidente fue un ataque de bachaqueros (paramilitares) colombianos a militares venezolanos en el puesto fronterizo, el cual se saldó con tres militares y un civil herido.

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José Vielma Mora. Fuente: el-informe.com

Al día siguiente, según informó José Vielma Mora, el gobernador del estado de Táchira, bastión antichavista para la oposición, 1.012 colombianos que se hallaban de manera ilegal en Venezuela fueron entregados al Consulado General de Colombia. Sin embargo, por su parte, las autoridades migratorias colombianas señalaban que fueron cerca de 800 colombianos los que habían sido expulsados de Venezuela entre adultos deportados y niños repatriados.

Frente a la medida drástica tomada con civiles colombianos, el punto más delicado llegó en el momento en el que un operativo policial autorizado por el Gobierno realizó allanamientos “casa por casa” en 2.000  viviendas en San Antonio del Táchira, localidad venezolana ubicada en la frontera. Si bien durante dichos registros se hallaron explosivos, armas, uniformes de grupos paramilitares y un centro de prostitución clandestino, el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio de muchos venezolanos se ha visto dañado, y de nuevo queda latente que el fin no siempre justifica los medios. A ojos de quien escribe, se habría precisado de otras diligencias y de otro modus operandi más certero, con una investigación más meticulosa. Claro que no deja de ser una opinión desde la barrera.

Foto: Federico Parra // AFP

Aunque no lo parezca por lo vertido en algunos medios, la opinión de Santos y Maduro no es tan diferente en cuanto a los problemas que existe en la frontera, sino que ha sido esta medida unilateral de Venezuela la que ha dado lugar a un enfriamiento entre la postura de ambos, medida que Maduro considera haberse visto obligado a tomar debido a la pasividad de la policía aduanera colombiana.

Más allá de todo esto, podríamos decir que en la frontera se amplifican todos los problemas económicos de Venezuela: la inflación, la corrupción y el desabastecimiento. Pero…

¿Qué trafican los colombianos con Venezuela?

En primer lugar, la gasolina. Un litro de gasolina cuesta en Venezuela al consumidor 0,018 dólares por litro, frente al 1,13 que paga el consumidor en Colombia. Dicho negocio no enriquece al ciudadano común colombiano que entra en el juego del contrabando, sino únicamente a paramilitares que monopolizan la actividad. Son los llamados bacrim (bandas de criminales) quienes realizan el defalco y ordenan los precios de la nafta al margen de la ley. Según estimaciones oficiales, Venezuela precisa diariamente de 700.000 barriles de crudo: 200.000 van a parar diariamente a Colombia mediante el mercado negro. Dicen las autoridades aduaneras que mueve más dinero incluso que el narcotráfico. Cabe recordar que el precio de la gasolina en Venezuela no se ha aumentado  desde la llegada de Chávez.

En segundo lugar, alimentos y recursos de primera necesidad venezolanos que por la Ley de Precios Básicos que implementara Hugo Chávez se venden por precios ínfimos en Venezuela y que aprovechan los colombianos para comprar en cantidades ingentes y traspasar la frontera. No es por ello de extrañar las más de 1200 detenciones que muestran las autoridades venezolanas en datos oficiales, así como tampoco los negocios que pueden hallarse justo al otro lado de la frontera colombiana. Entre 1500 y 2000 pequeños negocios privados, afirma la BBC, ofrecen todos los días en Colombia alimentos y productos básicos de origen venezolanos. Es decir, acudían a Venezuela, compraban productos subvencionados por el Estado con el dinero de todos los contribuyentes venezolanos para luego traspasar ilegalmente la frontera y venderlos a un mayor precio en suelo colombiano. La decadente moral de los intermediarios.

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En tercer lugar, los medicamentos subvencionados en Venezuela, los cuales se venden por diez veces más en suelo Colombiano, y a pesar de ello, siguen siendo más económicos que si se compra el medicamento a precio colombiano. Hoy día el que tiene mayor demanda en el mercado negro colombiano es el acetamonifén, un fármaco que combate la fiebre del dengue y la chikunguya.

Toda esta maquinaria contrabandista ocurre en el suelo venezolano de Táchira. ¿Quién tiene la culpa de ello? El gobierno central de Venezuela señala a las autoridades locales de los gochos (manera popular de llamar a los habitantes de Táchira), mientras que las autoridades locales de Táchira culpan al gobierno de Maduro. En este cruce de acusaciones radica el verdadero problema: solo a través del entendimiento y dejando de un lado las diferencias existentes entre los chavistas y la oposición podría llegarse a una solución que no afectase a los habitantes de Táchira en su vida diaria y no permitiese que continuase esta fuga de bienes de Venezuela. Sin embargo, como ya dijimos, siendo uno de los puntos más fuertes de la oposición, parece difícil que este dialogo pueda darse a corto plazo.

La medida de cerrar la frontera ha afectado injustamente a cientos de venezolanos y colombianos que no tienen nada que ver en el juego del contrabando, pero sí ha servido, según autoridades y ciudadanos entrevistados por La Nación (Argentina) para “detener momentáneamente el contrabando”. Habitantes de Ureña (municipio venezolano fronterizo) denuncian que, como consecuencia del parón y de los registros avisados, los alcantarillados de los pueblos de la frontera rebosan gasolina que los contrabandistas arrojan para evitar ser pillados. Por otro lado, el miedo de que pueda prenderse y provocar una catástrofe existe entre los ciudadanos de la frontera. La GNB, por su parte, asegura haber requisado cerca de 2000 pimpinas (recipientes para guardar gasolina) en Ureña y San Antonio.

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Foto: lavanguardia.com

Dicha medida en la frontera ha sido ampliamente arropada por quienes apoyan al gobierno; por otro lado, la oposición se ha mostrado en contra del cierre de la frontera, y dicho rechazo se ha visto argumentado de tres maneras: en primer lugar, porque se considera que no se han respetado los DDHH de los colombianos repatriados por encontrarse ilegalmente en Venezuela; en segundo lugar, otros aluden a la conspiración y aseguran que se trata de un ensayo para suspender las elecciones parlamentarias del próximo Diciembre, algo impredecible y sin precedentes en las dieciocho elecciones anteriores que han existido en Venezuela desde que gobierna el PSUV; y por último, otros se muestran preocupados por la supuesta xenofobia alentada desde el gobierno central de Venezuela contra los colombianos.

Cabe añadir ante esto último las declaraciones que realizase  el gobierno de Colombia, alertando de que se estaban difundiendo por redes sociales (algunas de ellas propiedad de la oposición venezolana) “imágenes de personas escapando con sus pertenencias a cuestas en otros países como si fueran imágenes de los hechos ocurridos en la frontera, buscando aumentar la tensión que ya de por sí se registra en la zona. Esto sólo genera sentimientos negativos entre dos países que buscan avanzar a través del diálogo y el trabajo conjunto” indicó la cancillería colombiana en un comunicado oficial.

foto_: republica.com

foto: republica.com

¿Qué harían si fuesen el gobierno de Venezuela? ¿Cómo lucharía el contrabando? El que aquí escribe no considera que registrar y señalar cientos de casas como se ha hecho en algunos pueblos fronterizos fuese la medida más acertada. ¿Cuál cree que sería?

¿Qué harían si fuesen el gobierno de Colombia? Si no están de acuerdo con el cierre de la frontera, ¿qué alternativa darían? Y más allá, ¿por qué permite el Gobierno colombiano que se venda ante sus ojos gasolina, alimentos y fármacos que son bienes subvencionados por el Gobierno venezolano y cuyo negocio no favorece a ninguno de los dos Estados?

Son muchas las preguntas que nos surgen en La Réplica. Esperamos vuestras respuestas ante un tema tan candente.

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Alejandro García Maldonado

Licenciado en Derecho por la UMA, ha colaborado en medios como El Confidencial, Claridad Digital, El Turbión, El Importuno y Cubainformación. Autor de las obras "Testigos cegados" (2011) "Transcripción del Manifiesto Comunista" (2012), "Tra due anime" (2015) y "Al resguardo del tilo rojo" (2018). Ha cursado estudios a distancia sobre antropología biográfica en la Bernard Lievegoed University (Zeist, Holanda) y dirige el proyecto literario "Etreso Biografías". Diplomado en Periodismo por el National Council for Training of Journalist de Londres, actualmente escribe un libro de relatos cortos que verá la luz a finales de 2019 y reside en Suecia.
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    2 Réplicas

  1. Juan Carlos Marrero Serrano

    Todo esto no es nuevo, soy venezolano y el pasado mes de Julio pasé por ésta frontera, efectivamente hay un contrabando de extracción de muchas mercancías, sobre todo las reguladas de precio por el gobierno de Venezuela, hay que agregar que todo aquello que pasa de Venezuela a Colombia se hace con la anuencia y autorización y cobro de «vacuna» de parte de las autoridades de resguardo nacional. ¿Qué se puede hacer? 1) Ajustar los precios al mercado (incluye el combustible), mientas el gobierno estrangula al productor nacional venezolano obligándolos a fijar precios que los obliga a no producir porque genera pérdidas, surgen éstas distorsiones (Ecuador tiene similares problemas con los productos made in Colombia); 2) Ajustar sueldos, cuando los organismos de resguardo nacional están «subpagados» en una economía dolarizada el «rebusque», la corrupción y el cobro de «vacunas» se convierte en la «orden militar del día», de hecho se les está cobrando «vacuna» al colombiano extraditado para «cuidarle» y dejar pasar sus enseres por las trochas; 3) Aplicar las leyes, cuando el gobierno no hace cumplir las leyes y no aplica sanciones y no hay una fiscalía y un sistema de justicia imparcial, cada quien hace lo que le da la gana, el estado de ingobernabilidad no ocurre sólo en la frontera sino en toda Venezuela (hay que ir a cualquier ciudad y ver cómo los motorizados violan las leyes de tránsito, venta de armas sin permiso, sólo por citar dos ejemplos); 4) Incentivar las inversiones y el mercado nacional, el contrabando en la frontera colombo-venezolana ha existido por muchos años, cuando la moneda venezolana superaba en valor al peso colombiano el contrabando era inverso al que se está denunciando y Colombia jamás deportó a venezolanos que se encargaban de contrabandear mercancías y medicinas colombianas hacia Venezuela (¿Qué hizo Colombia? producir más, vender más), si hubiese seguridad jurídica y no expropiaciones políticas la producción nacional hubiese seguido en crecimiento y no fuese cada vez más deficitaria como ha venido ocurriendo en los últimos 10 años donde hasta la producción petrolera ha mermado. En fin, hay más sugerencias responsables y lógicas que evitan fácilmente la situación actual en la frontera colombo-venezolana y que no obedecen a las accidentales medidas populistas aplicadas en Venezuela y a la importación de modelos económicos demostradamente fracasados.

  2. Alejandro García Maldonado

    Muchas gracias por su mensaje. Se esté o no de acuerdo en todos los puntos que usted señala, da gusto leer réplicas bien argumentadas como la suya.

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