06 de julio del 2020
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Que todo un ministro del Interior se reúna en un despacho público con un presunto y trascendente criminal, acusado de tantas estafas que ya no se pueden ni contar, cuando está siendo investigado por las fuerzas judiciales es un acontecimiento escandaloso. En cualquier país con un funcionamiento democrático lógico este encuentro sería impensable. No solo porque vulnera la independencia judicial, sino porque el señor Fernández Díaz está despreciando la labor de todas las fuerzas de seguridad, profesionales que estuvieron (y están) trabajando en el caso del blanqueo de capitales, el de las tarjetas black y en otros muchos fraudes de los que se le acusa.

Desde hace tiempo en España no existe la separación de poderes y es algo que tristemente la población ha asumido. Parecemos resignados a que el poder político interfiera y maneje cual titiritero el poder judicial. También el Gobierno lo asume, con tal naturalidad que ni siquiera mantienen estas reuniones en privado, sino que lo hacen en sede ministerial. Para mayor ridículo, las dos partes no se ponen de acuerdo sobre la versión de los hechos. Mientras que la versión oficial asegura de forma tajante que no se había tocado el tema del proceso judicial de Rato, este lo desmiente a las pocas horas en una conversación con El País.

Una vez más, el Partido Popular es víctima de sus propias corruptelas. Como sucedió con Bárcenas, ahora tendrá que hacer funambulismo político entre la presión de la opinión pública y el más que probable chantaje de Rato. Y se librarán de esta porque todo esto ocurre mientras la mayoría de políticos de la oposición y no menos analistas de los medios de comunicación están de vacaciones.

La paradoja es que, si como asegura el Gobierno, este hubiera sido transparente con la ocupadísima agenda del ministro, es más que probable que esta cita no se hubiera producido. Pero ahora toca rendir cuentas. En un estado de derecho debemos exigir (como han hecho jueces y guardias civiles) que los máximos mandatarios actúen con la responsabilidad y limpieza que su cargo exige, no de un modo clasista, opaco y cutre. El señor Díaz, impulsor de la Ley Mordaza, defensor de las devoluciones en caliente, el mismo ministro que inaugura instituciones oficiales con una misa del Opus, el amigo de Rato, debe dimitir ya. Y dejar de prolongar este fétido esperpento.

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Alejandro López Menacho
Periodista. Codirector de La Réplica.
Alejandro López Menacho

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