17 de octubre del 2019
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Acabamos de trasladarnos hace apenas dos semanas al nuevo edificio. Al parecer, las arcas de la Generalitat de Catalunya no podían soportar un alquiler de tres millones de euros anuales. Cuando se habla de la “cuestión obrera”, del “conflicto social”, tres millones es una fortuna.

A diferencia de los ocho edificios que conforman la “Ciudad de la Justicia” de Barcelona, en el nuevo edificio no hay apenas espacios libres, los pasillos son cortos, las salas de espera diminutas.  La ubicación del bloque, alejado del centro de la ciudad, no invita a organizar reuniones ni alienta las manifestaciones obreras; antes al contrario, disuade todo comportamiento reivindicativo. Así, el templo de la “justicia social”, el lugar donde se discute el derecho laboral y de la seguridad social, se distancia del ciudadano y se mistifica hasta quedar convertido en una gran celda de la que, sin embargo, se puede salir. Una advertencia: conviene no visitar los juzgados, no ejercitar acciones ni reclamar salarios. Conviene no ejercer con demasiado denuedo los derechos laborales. La protesta podría derivar en incumplimiento y el incumplimiento en delito. Y del delito solo se puede esperar el acomodo en celdas muy estrechas de las que, desde luego, no se puede salir. Una relación de causalidad, el orden social como preámbulo de la disciplina penal. Que nadie se lleve a engaño, toda estructura arquitectónica posee implícita una intencionalidad política que expresa cómo debe constituirse el orden en la sociedad, siempre de acuerdo con unas relaciones de producción subyacentes que priman la circulación del capital en la forma más conveniente para este.

A diferencia del orden civil, donde se discuten conceptos de tan elevada importancia como la “propiedad privada” o los “derechos reales de garantía” (hipotecas cómo no), en el orden social se discuten nimiedades: salarios atrasados, prestaciones de seguridad social, pequeñas indemnizaciones o permisos por lactancia. Nada que deba provocar preocupación en el régimen neoliberal, el totalitarismo refinado del siglo XXI, el de psicofármaco y  “smartphone”, el que piensa por ti.

Tampoco el orden social cuenta con el “prestigio” del contencioso-administrativo, sede del control jurisdiccional de los actos del Estado, lugar de juristas especialistas en el derecho público que contienden por la supremacía del derecho frente a los “antiguos” civilistas, alguno de los cuales todavía puede sorprender al común de los mortales con términos como “hijo adulterino” o “dotes de doncellas pobres” (expresión que todavía recoge nuestro moderno código civil de 1889 en su artículo 788).

Menos aún se ejercen en tan desclasado orden, las potestades punitivas del Estado, que corresponden al “penal”. En el orden penal la fiscalía, controlada por el gobierno de turno, sostiene la acusación para librarnos de delincuentes peligrosos, inmigrantes irregulares, políticos de “Podemos” y, de vez en cuando, y para tapar las apariencias, algún delincuente hacendado que distrae millones de euros del erario público en nombre del libre mercado y de la negativa injerencia del Estado en las cuestiones económicas.

El orden social se configura así como la sede cutre de la protesta “perrofláutica”, donde los defensores del “statu quo”, entre los que, digamos la verdad, me encuentro cuando ejerzo mis funciones de Letrado de la Seguridad Social a la espera de una mayor democratización y cambios importantes, carecen del estatus propio del “abogado de alfombra”. Para el régimen neoliberal siempre ocupará un lugar más elevado el emisor de informes jurídicos que el valedor del sistema de seguridad social, mero litigador de brocha gorda dispuesto a contender con los Pérez, Gómez, Garcías y demás apellidos proletarios, por una simpe pensión de incapacidad o una improcedente viudedad.

A la hora de la verdad, los clásicos, los partidarios del privilegio y de las posiciones antidemocráticas, jamás reconocerán que en el orden social debería residir una potente fuerza democratizadora; que si se quiere acercar la justicia a los ciudadanos, declaraciones hipócritas al margen, no puede confinarse el conflicto social en el peor edificio de la zona. No lo reconocerán porque en ello les va el mantenimiento de sus prebendas, no lo reconocerán porque eso supondría admitir que necesitamos un nuevo impulso, que nuestro sistema se quedó obsoleto y que, intereses económicos al margen, la democracia sigue siendo un sueño. Para ellos, para los clásicos, los de “España para los españoles”, la democracia reside en la voluntad de una minoría que, para tu bien, decide en nombre de la mayoría.

 

 

 

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David Condis Almonacid. Escritor y letrado de la Seguridad Social. España no puede caer en una espiral autodestructiva. Replicar forma parte del proceso dialéctico que debe conducirnos a soluciones equitativas.
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