03 de agosto del 2020
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Según la constitución española (Artículo 135), modificada por PsoE (Partido socialista obrero Español) y Pp (Partido popular) en pleno agosto de 2001, el pago de la deuda soberana se antepone a todos lo demás, incluso al mantenimiento de los servicios públicos. Este abuso neoliberal debería haber sido eliminado ya de la constitución por las fuerzas “progresistas” del Congreso, pues constituye un grave riesgo para la mayoría social ante una nueva crisis de deuda derivada de la gestión de la pandemia.

En la pasada crisis económica que comenzó en 2008, el pago de la deuda conllevó menos inversiones ambientales. Por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de 2013 se recortó un 10% respecto a 2012 (que fue recortado en un porcentaje similar). Además, la reducción en inversión pública conllevó una menor capacidad de vigilancia ambiental. Por si esto fuera poco, con la llegada de la crisis económica se paralizó el desarrollo de nueva legislación ambiental y se rebajaron exigencias ambientales previas. Por ejemplo, la modificación de la Ley de Costas por parte del gobierno de Rajoy favoreció intereses privados en detrimento del bien público.

Actualmente, en un “nuevo” contexto de crisis económica y aumento de la deuda soberana, el gobierno de PsoE y UP (Unidas Podemos) despliega toda una batería de legislación ambiental. Analicémosla para comprender si es lo que necesitamos realmente para frenar la crisis ecológica global en la que nos encontramos.

Tras la llegada de la “nueva normalidad” (en el lenguaje orwelliano del gobierno), el gobierno central, preocupado por la caída del PIB, insiste en que hay que volver a “la senda del crecimiento”. Sabemos, desde hace tiempo, que el crecimiento económico capitalista se da a consta de sacrificar la calidad de nuestro entorno y, consecuentemente, nuestra salud. La huella ecológica del Estado español desborda por mucho lo que el planeta puede suministrarnos. Es decir, la economía del Estado español debe decrecer para ser realmente sostenible. Sin embargo, es el afán de crecimiento económico el que guía todas las políticas ambientales del gobierno de PsoE-UP a lomos de un capitalismo verde que intenta engañarnos con un espejismo de sostenibilidad mientras nos conduce a un abismo de desastre ambiental. Un abismo tras el que no hay vuelta atrás. Las políticas ambientales del gobierno de PsoE y UP giran en torno, fundamentalmente, a tres bloques: transporte, residuos y cambio climático.

Transporte insostenible

En el capitalismo verde de abismo ambiental se integra, por ejemplo, el nuevo Plan Estratégico de Apoyo Integral al Sector de la Automoción. Un Plan que se vende desde el gobierno como una manera de mejorar “la calidad de vida, la salud, la seguridad y la sostenibilidad” con un impacto presupuestario de 2634 M€ entre 2019 y 2025. Este Plan se basa en subvenciones para estimular la demanda de nuevos automóviles con menos emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y en el impulso de “una nueva fiscalidad verde”. Por un lado, la sustitución de vehículos incluye a aquellos con menos de 15 años de antigüedad, lo que aumenta las emisiones de GEI globales si tenemos en cuenta todo el ciclo de fabricación. Por otro lado, los impuestos ambientales van en la línea de penalizar a quienes menos tienen, pues son impuestos indirectos de que pagamos independientemente del nivel de renta. Todo esto para mantener a flote un sector automovilístico que debería ser intervenido públicamente y reconvertirse para la fabricación de transporte público (autobuses y trenes, fundamentalmente). También en el sector del transporte, el gobierno pretende impulsar una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Urbano. Esta ley sigue las mismas líneas maestras neoliberales que el Plan de Apoyo al Automóvil.

El Planeta como residuo

En línea con el Real Decreto 293/2018 sobre reducción del consumo de bolsas de plástico, el gobierno también impulsa una Ley de Residuos y Suelos Contaminados que impone límites al uso de objetos de plástico de un solo uso. Con este objetivo, el borrador del anteproyecto de ley recoge un objetivo de reducción de plásticos de un solo uso del 50% en 2026, y del 70% en 2030, respecto a 2022. A partir de 2021 quedaría prohibida  la venta de bastoncillos de algodón, cubiertos, platos, pajitas y agitadores de bebidas de plástico de un solo uso, y a partir del 1 de enero de 2023 se prohibiría la distribución gratuita de objetos de plásticos. Además, la hostelería estaría obligada a ofrecer siempre a la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita. Dada la gravedad de la crisis ecológica actual, los objetivos planteados ahora por el gobierno llegan tarde y son totalmente insuficientes. Por ejemplo, las botellitas de agua hace tiempo que deberían estar prohibidas por sus impactos socio-ambientales. Ofrecer un vaso de agua en restauración no es nada nuevo; de hecho, es una práctica habitual en países como Estados Unidos y China. En el fondo, las medidas recogidas en este anteproyecto de ley reflejan el agotamiento de las reservas mundiales de petróleo (queda petróleo barato para 20-30 años). En este escenario, las clases dirigentes quieren asegurarse la disponibilidad del oro negro allí donde les es más rentable. Además, los gobiernos quieren sacar dinero de impuestos indirectos a plásticos, de manera que solo puedan utilizarlos quienes puedan pagarlo. Esta ley de Residuos también pretende fijar unas tasas de reutilización y reciclado del 55% en el 2025 y del 65% en 2035. Guiado por “la senda del crecimiento”, el gobierno sigue dándole la vuelta a la estrategia de las 3 erres del movimiento ecologista: prioriza el reciclado y la reutilización a la reducción decrecentista tan necesaria.

En el campo de los residuos, se integra también la nueva Estrategia Española de Economía Circular. Esta Estrategia quiere impulsar la valoración de residuos para que los materiales se mantengan útiles en la economía durante más tiempo. Con este objetivo, quiere reducir el consumo de materiales un 30% (en relación con el PIB) en 2030 respecto a 2010. Pero este objetivo, como otros recogidos en esta Estrategia, es una doble trampa. Por un lado, fijar la reducción en función del PIB de dentro de 10 años supone que, netamente, se decrecería muy poco en el consumo de materiales pues el PIB seguirá aumentando (o, al menos, eso es lo que quiere el gobierno). Por otro lado, fijar como referencia el año 2010, cuando el PIB decreció en 200 billones respecto a 2008 en plena crisis económica, supone que puede crecerse mucho más en el uso de materiales que si se utilizase como referencia, por ejemplo, el año 2008. Además, la economía circular se contradice totalmente con los esfuerzos del gobierno por orientar la economía hacia la exportación. Una exportación de materiales a países que no tienen por qué valorizar los residuos y que, a su vez, conlleva fuertes emisiones de GEI en el transporte.

Trampas climáticas

En el terreno de las emisiones de GEI que generan cambio climático, el gobierno de PsoE-UP envió a la Comisión Europea, en marzo de este año, un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. Según el gobierno, este Plan “sitúa España en la senda para alcanzar la neutralidad climática en 2050 y cumplir con el Acuerdo de París”; recordemos que el Acuerdo de París es totalmente insuficiente para frenar el cambio climático. El gobierno plantea una reducción del 23% de emisiones de GEI respecto a 1990, y una presencia del 42% de renovables en el uso final de la energía con la creación de entre unos 300000 empleos netos anuales. Ecologistas en Acción expone claramente la insuficiencia de este Plan[1]: “se plantea reducir sólo un 23% las emisiones de GEI, lo cual resulta absolutamente insuficiente según el último informe del IPCC, que propone reducciones del 7.6% anual para no superar el aumento de +1.5 ºC en las temperaturas globales, de modo que la reducción total hasta el 2030 deberá ser del 55%. […] Por lo tanto, el PNIEC ha de ser mucho más ambicioso y plantearse reducciones en las emisiones de GEI del 55% para el 2030”.  En este contexto, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética,que se tramita actualmente en el Congreso, es insuficiente para frenar el calentamiento global, a pesar de que estamos en los años claves para poder llegar a tiempo. Para no entrar en el cambio climático abrupto hay que reducir las emisiones de GEI en un 50% en 2030 y totalmente en 2050, para lo que hay que reducir el consumo energético neto, establecer un sistema eléctrico 100% renovable en 2030 y, prohibir cuanto antes la venta de vehículos a combustión fósil.

Depredación ambiental y Régimen del 78

La negligencia del gobierno central en temas ambientales se suma a sus políticas deficientes en otros campos que se intentan ocultar detrás de un discurso patriotero y, por lo tanto, interclasista. Por ejemplo, el gobierno no responde con la atención necesaria a personas refugiadas y migrantes (ver las reivindicaciones del movimiento #RegularzacinYA). Además, el gobierno central esquiva la derogación de leyes conservadoras como la Ley 15/1997 que impulsa la privatización de la sanidad pública, la “Ley Mordaza” y las reformas laborales de Zapatero y Rajoy, y no condena el terrorismo de estado de Felipe González y sus GAL, al tiempo que protege una monarquía corrupta.

Por si la insostenibilidad socio-ambiental de un gobierno central preso de “la senda del crecimiento” hacía el abismo fuera poco, los gobiernos autonómicos no se quedan atrás. Por ejemplo, el gobierno trifachito andaluz aprobó, en pleno confinamiento, un “decretazo” que rebaja las exigencias ambientales en multitud de sectores económicos altamente impactantes, como la construcción y la minería.

Como resultado de las políticas de los partidos del Régimen del 78 (ahora incluido Podemos), se fomentan los sectores más impactantes socio-ambientalmente, como el turismo y el de extracción de recursos naturales (Ej. minería, monocultivos latifundistas, explotación de yacimientos de hidrocarburos en tierra y mar) Recursos naturales que son, principalmente, exportados sin transformar (con un muy escaso valor añadido). Así, el papel que desde inicios del siglo XX cumplió Andalucía a nivel del Estado español (producto del pacto de la inútil burguesía terrateniente andaluza con las burguesías vasca, catalana y madrileña) se ha generaliza a todo el Estado español: un territorio subalterno políticamente que exporta mano de obra barata y materias primas sin transformar, y donde se asientan pocas industrias extractivas y muy contaminantes.

Utilizando la estrategia de la doctrina del shock, en plena pandemia, el gobierno de PsoE y UP presume de aprobar una extensa betería de medidas ambientales, mientras sigue dejando en manos del mercado medidas que deberían responder a decisiones democráticas. Actúa como si no estuviéramos en una emergencia climática que se agrava por momentos en peno Antropoceno. En todo caso, todo esto no nos sorprende porque ya conocemos al PsoE. Si las políticas ambientales del PP son tremendamente desastrosas (recordemos la Ley del Suelo de Aznar y los “hilillos de plastilina” de Rajoy tras el hundimiento del petrolero Prestige), las del PsoE no dejan de ser desastrosas. El gobierno de Zapatero apoyó la construcción de una refinería de hidrocarburos pesados en Extremadura, finalmente frenada por la movilización ciudadana, mientras que las emisiones de GEI aumentaron más de un 52% desde 1990, lo que triplicaba el 15% de aumento promedio permitido por el Protocolo de Kyoto para el periodo 2008-2012. Emisiones de GEI que fueron muy altas durante la administración Aznar y continuaron durante las legislaturas de Zapatero. Entonces, como ahora, se impulsaron planes deficientes para una transición energética, como la Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2010 y el Plan de Energías Renovables 2005-2010. Hay que tener en cuenta que los aumentos de emisiones de GEI durante los gobiernos Aznar y Zapatero se produjeron en periodos en los que el precio del petróleo aumentó de manera continuada, lo que debería haber frenado su consumo. Sin embargo, ambas administraciones dejaron pasar la oportunidad de una transición energética gradual. Ahora, con un petróleo relativamente barato, las políticas del gobierno central que dejan en manos del mercado la reducción de emisiones de GEI es muy posible que vuelvan a fracasar. A la cabeza de estas políticas ambientales neoliberales está la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, especialista en facilitar el greenwashing de las multinacionales más contaminantes como Repsol, Endesa e Iberdrola al ponerlas a la cabeza de la pasada COP25 de Madrid.

La lucha es el único camino

El objetivo está claro y bien definido por la comunidad científica y desarrollado en la práctica por multitud de movimientos sociales: tenemos que acabar con la brecha metabólica entre el sistema económico y la Biosfera. Esto hay que hacerlo respetando el metabolismo de los ecosistemas, imitándolos mediante la biomímesis al tiempo que aprovechamos los servicios que nos ofrecen sosteniblemente.

Tras la crisis económico de 2008, el terremoto político del Movimiento 15M recorrió las plazas de multitud de ciudades empujando el panorama político hacia la izquierda. Este Movimiento fue sistematizado, en parte, con la entrada de Podemos en las instituciones burguesas y, después, en el gobierno. Al mismo tiempo que el 15M, se desarrollaron dos grandes oleadas de huelgas, primero en el sector público y luego en el privado, frente a los recortes de los gobiernos de PsoE, primero, y PP, después.

El cambio climático es un catalizador de conflictos sociales como lo es la pandemia de Covid19, pero de mucha mayor gravedad y extensión temporal. Actualmente, estamos viendo sinergias entre diferentes procesos, en principio independientes, que impulsan las luchas sociales. Por ejemplo, en Estados Unidos, la desesperación por el aumento del desempleo, fruto de la gestión capitalista de la pandemia de coronavirus, se suma a la rabia contra el racismo institucionalizado de la policía y parte de la clase política. A este tipo de cócteles de movilización se sumarán, cada vez de forma más habitual, procesos sociales derivados de la emergencia climática. Es en este contexto en el que tenemos que construir nuestra alternativa social y ambientalmente justa.

La alternativa al régimen de impactos ambientales continuados de las clases dirigentes pasa por un control realmente democrático de los recursos naturales. La gente trabajadora debe decidir cómo, cuándo, dónde y por qué sacarle provecho a la Naturaleza. Solo de esta forma, cuando entre una mayoría social se decida democráticamente la política ambiental, alcanzaremos el tan ansiado y vilipendiado ‘desarrollo sostenible’. La Naturaleza se gestionará en función de los intereses de una mayoría que decidirá no vivir en un entorno degradado.

En las luchas del siglo XXI, los temas ambientales, sociales y económicos se dan la mano más que nunca antes en la historia de la humanidad. Al mismo tiempo que construimos, en las luchas, gestión democrática, desde abajo, de los recursos naturales, tenemos que repartir las riquezas como base de un decrecimiento económico gestionado democráticamente. Para esto tenemos que subir impuestos a grandes fortunas y grandes empresas, no pagar la deuda soberana a especuladores internacionales, gestionar los sectores claves de la economía públicamente y mediante el control de sus plantillas, prohibir los despidos en empresas con beneficios, impulsar una profunda reforma agraria y ambiental en Andalucía, establecer una banca pública para impulsar proyectos cooperativos social y ambientalmente justos que generen millones de puestos de trabajo en economía verde y servicios públicos… Hoy, más que nunca, salvar nuestro planeta es tan urgente como salvarnos a nosotras mismas.


[1] https://www.ecologistasenaccion.org/144194/observaciones-al-plan-de-energia-y-clima/

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Profesor de Ecología, delegado del S.A.T. en la Universidad de Sevilla. Activista en Marx21.

    2 Réplicas

  1. Juande

    Creo que, aunque comparto la visión de que del nombre solo dan validez o significado cierto a las siglas primera y última, el artículo pierde fuerza en el momento en que usa esa grafía en minúscula para ciertas siglas en el nombre del partido de gobierno.
    El artículo está genial, y lo comparto, por lo que me gustaría que ningún lector pudiera rechazarlo por considerar que está escrito con prejuicios, en lugar de juicios que valoran la política que realmente han realizado cada vez que han tocado poder, por los que son merecedores de perder la credibilidad asociada a las siglas minusculizadas.

  2. Anna del Brau

    Mi Réplica es positiva. No puedo decir más que estoy completamente de acuerdo y conozco parte de lo que dice. Y lo que no sabía enriquece y… enfada por la insolvencia de los políticos.
    Como activista vegana, es un tema de conversación y protesta que, a diario, escucho en mis círculos.
    De hecho ya en 2012 un vídeo avanzaba todo lo que está sucediendo. Y yo lo tildé de ciencia-ficción.
    https://youtu.be/bIPt1zzViJM

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