El 12 de febrero de 2005 ardió el Edificio Windsor, en Madrid. La televisión dio las imágenes de un suceso espectacular y sin apenas trascendencia.
Un mes después me hice unas fotos con unos amigos y el Windsor, calcinado, detrás de nosotros.
Pero en aquel espacio se quemaron cosas importantes. Documentos para hacer caer al presidente de un banco, y para dar más poder a un gobierno.
Allí estaba la auditora Deloitte, a la que se había encargado analizar un supuesto delito de estafa cometido por el entonces presidente del BBVA, Francisco González.
González habría vendido su anterior sociedad, FG Valores, a la entidad Merril Lynch, con pérdidas encubiertas, en 1996, antes de ser nombrado presidente de Argentaria, que se fundiría en el futuro BBVA.
Los papeles de la supuesta estafa estaban en dos sitios: uno de ellos era la Comisión del Mercado de Valores. De allí terminaron desapareciendo mientras su presidente era Juan Fernández-Armesto. Abogado personal de Francisco González. El regulador regulaba a su cliente…
El otro era el Edificio Windsor. Y, sorprendentemente, ardió. Justo cuando una coalición de empresarios intentaba poner en la presidencia del BBVA a un directivo afín al presidente José Luis Rodríguez Zapatero que, llegado al poder político, necesitaba controlar alguna gran empresa.
Pero no lo logró. Las llamas, y otras colaboraciones, permitieron que el mercado libre continuara su curso. Zapatero tuvo que conformarse con el Parlamento y con algunos medios de comunicación. La política y la democracia son así.
Andrés Villena
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